Millones que desaparecen, derechos que se pierden y un sistema que permite que el problema persista
Por Guadalupe Parada Gasson
La corrupción no solo representa dinero que cambia de manos ilegalmente; también constituye un impuesto clandestino para los ciudadanos, un obstáculo para la inversión, una distorsión de la democracia y un mecanismo que puede profundizar la desigualdad. En Ciudad Juárez, las investigaciones ciudadanas han puesto cifras a una parte del fenómeno: cientos de millones de pesos anuales en sobornos administrativos, mientras miles de millones de pesos en contrataciones públicas requieren una vigilancia rigurosa.
La corrupción tiene un precio y Juárez ya lo está pagando
En Ciudad Juárez existe una contradicción económica y política que merece una reflexión profunda. Mientras la ciudad reclama mayores inversiones en infraestructura, pavimentación, seguridad, educación y servicios públicos, una parte de los recursos de las familias continúa siendo absorbida por prácticas de corrupción que operan al margen de la legalidad.
El problema no comienza necesariamente con un gran contrato gubernamental ni con el desvío millonario de recursos. Puede iniciar con una infracción de tránsito negociada, un trámite condicionado, una inspección utilizada para exigir dinero o un permiso que solo avanza cuando aparece un pago indebido.
También puede manifestarse a una escala mucho mayor, mediante contratos direccionados, conflictos de interés, sobreprecios, adjudicaciones irregulares, simulación de competencia o uso discrecional de los recursos públicos. Ambas dimensiones son distintas, pero comparten una consecuencia: alteran quién paga, quién recibe los beneficios y quién termina asumiendo los costos del funcionamiento del gobierno.
Un dato local permite dimensionar el problema
La organización civil Plan Estratégico de Juárez estimó, en su Informe de Corrupción en Juárez 2024, que los sobornos administrativos durante 2023 representaron aproximadamente 477 millones de pesos anuales, de acuerdo con su encuesta ciudadana y su metodología de estimación. La cantidad equivale a un promedio de 39.75 millones de pesos mensuales y aproximadamente 1.31 millones diarios.
Costo estimado de la corrupción administrativa en Juárez:
- Anual: 477 millones de pesos.
- Mensual: 39.75 millones de pesos, en promedio.
Fuente: Plan Estratégico de Juárez, informe presentado en abril de 2024. La cifra mensual es un promedio aritmético de la estimación anual correspondiente a 2023; no constituye una medición directa de 2026.
Esta precisión es indispensable: no sería correcto afirmar que, en octubre de 2026, la corrupción le cuesta exactamente esa cantidad mensual a la ciudad. El dato corresponde al año estudiado y contempla únicamente determinadas formas de corrupción administrativa. No mide de manera integral el posible desvío de recursos, el fraude en contrataciones, la pérdida de inversión ni todos los costos indirectos.
Por tanto, la cifra no representa la totalidad de la corrupción, sino una parte cuantificable de un problema económico mucho más amplio.
Chihuahua, por encima del promedio nacional: lo que revelan las cifras de 2025
El problema no puede analizarse únicamente a partir de estimaciones municipales de años anteriores. Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicados por el INEGI en mayo de 2026, indican que la corrupción continúa siendo un problema relevante en Chihuahua.
Entre los principales indicadores reportados para la población adulta en áreas urbanas destacan los siguientes:
- 18,420 víctimas por cada 100,000 habitantes en Chihuahua.
- 15,642 víctimas por cada 100,000 habitantes a nivel nacional.
- 36,330 actos por cada 100,000 habitantes en Chihuahua.
- 87.2% de percepción frecuente o muy frecuente de la corrupción en Chihuahua.
Fuente: INEGI, ENCIG 2025. Las cifras corresponden al ámbito estatal urbano, no exclusivamente a Ciudad Juárez. Las tasas de víctimas y actos son indicadores diferentes.
La prevalencia estatal pasó de 21,891 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2023 a 18,420 en 2025. Sin embargo, el INEGI no identifica ese cambio como estadísticamente significativo para Chihuahua. Por ello, sería incorrecto afirmar que existe una disminución comprobada de la corrupción basándose únicamente en esas dos estimaciones.
Hay otros indicadores que merecen atención. En Chihuahua, el 58.3% de los adultos encuestados identificó la corrupción entre los problemas más importantes de la entidad; asimismo, el 87.3% consideró frecuente o muy frecuente la corrupción entre los policías, mientras que el 80.6% manifestó esa percepción respecto de los partidos políticos.
Se trata de mediciones de percepción, no de pruebas individuales de responsabilidad. No obstante, el mensaje económico es evidente: cuando una proporción considerable de la ciudadanía desconfía de las instituciones encargadas de regular, proteger y administrar los recursos, también se deteriora la credibilidad de las reglas bajo las cuales opera la economía.
El gran riesgo: 5,401 millones de pesos en contrataciones bajo observación ciudadana
La corrupción administrativa es apenas una dimensión del problema; la otra se relaciona con el ejercicio del presupuesto público.
En una investigación presentada en 2024, Plan Estratégico de Juárez examinó las contrataciones del Gobierno municipal realizadas entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. Durante ese periodo identificó 1,372 contratos por un monto conjunto aproximado de 7,125 millones de pesos.
De esa cantidad, 5,401 millones de pesos, equivalentes al 76%, presentaban indicadores de riesgo de corrupción, de acuerdo con la metodología utilizada por la organización. Entre los riesgos considerados se encontraban el posible favoritismo, el fraccionamiento de contratos, los sobrecostos, los plazos reducidos y las posibles irregularidades en la competencia.
Este dato exige una distinción fundamental: identificar riesgos en contrataciones por 5,401 millones de pesos no significa que esa cantidad haya sido robada, desviada o adjudicada ilegalmente. Las irregularidades deben verificarse mediante auditorías, investigaciones y procedimientos que garanticen el derecho de defensa.
Sin embargo, tampoco sería razonable ignorar una exposición de esa magnitud.
Desde una perspectiva económica, el riesgo más profundo consiste en que el dinero público deje de asignarse conforme a criterios de calidad, precio, necesidad y beneficio social, para responder a relaciones de influencia. En un proceso competitivo, una empresa gana porque ofrece mejores condiciones; en uno condicionado por intereses particulares, puede ganar porque mantiene una relación privilegiada con quien toma las decisiones.
En el primer escenario, el Estado compra valor público; en el segundo, existe el riesgo de que el presupuesto termine financiando lealtades o privilegios.
El contraste adquiere una dimensión particular frente al presupuesto municipal de 2026, aprobado por aproximadamente 10,797.7 millones de pesos. Como referencia de escala, los 477 millones estimados en sobornos durante 2023 equivalen aritméticamente al 4.4% del presupuesto autorizado para 2026.
Esta comparación no significa que el Municipio haya perdido el 4.4% de su presupuesto, pues se trata de años y conceptos diferentes. Su propósito es únicamente visualizar la magnitud económica del fenómeno.
¿Cuáles son las prácticas de corrupción más comunes?
La evidencia permite distinguir entre las prácticas mejor documentadas mediante encuestas y otras modalidades que requieren investigaciones administrativas, financieras o penales.
En Ciudad Juárez, el estudio local correspondiente a 2023 encontró que el 52.9% de las personas encuestadas que reportaron haber sido detenidas por agentes de Seguridad Vial reconoció haber pagado un soborno. Entre quienes reportaron detenciones por la Policía Municipal, la proporción fue del 39%. En cuanto a los trámites municipales, el 1.7% de las personas reconoció haber sobornado a algún funcionario.
Estos porcentajes corresponden a universos distintos; no significan que la mitad de todos los automovilistas o habitantes de Juárez pague sobornos.
A escala nacional, la ENCIG 2025 encontró que el contacto con autoridades de seguridad pública registró la mayor proporción de experiencias de corrupción entre las categorías estudiadas, con un 63.5%. Le siguieron los permisos relacionados con la propiedad, con un 32%. Estos resultados permiten identificar áreas especialmente sensibles para la vigilancia gubernamental.
Corrupción vial y policial. Comprende la solicitud o aceptación de pagos ilegales para evitar procedimientos, modificar actuaciones o conceder beneficios indebidos. Afecta las finanzas familiares, la percepción de seguridad y la credibilidad de las autoridades.
Corrupción administrativa. Se presenta cuando se condiciona o acelera indebidamente un trámite, una inspección, una autorización o un servicio a cambio de dinero o favores. Puede afectar a comerciantes, trabajadores independientes, constructores y propietarios.
Corrupción en adquisiciones y obra pública. Sus posibles modalidades incluyen sobreprecios, simulación de competencia, contratación indebida y conflictos de interés. Cada conducta debe investigarse de manera individual, sin confundir señales de alerta con delitos probados.
Corrupción política. Puede involucrar el aprovechamiento indebido de programas, cargos, contratos o bienes públicos para obtener ventajas personales, favorecer a determinados grupos o financiar ilegalmente intereses políticos.
Conviene establecer una distinción de responsabilidad: no toda adjudicación directa es ilegal, no toda demora administrativa implica corrupción y no todo funcionario señalado es culpable. La diferencia la determinan las pruebas, el marco normativo y los procedimientos de investigación.
¿Hacia dónde va el dinero de la corrupción?
La economía política de la corrupción obliga a seguir el flujo de los recursos, no solamente a identificar al funcionario que solicita un soborno.
En los casos de corrupción de pequeña escala, el dinero puede terminar directamente en manos de quien exige o acepta el pago indebido; en otros, pueden intervenir intermediarios. Cuando la corrupción se relaciona con compras públicas, el beneficio irregular puede materializarse mediante márgenes artificialmente elevados, pagos por servicios no realizados, uso privado de recursos públicos o transferencias a terceros.
Si existen redes de corrupción, las ganancias pueden distribuirse entre actores públicos y privados. Sin embargo, determinar quiénes son los beneficiarios, cuáles son las cuentas involucradas, qué empresas participan o quiénes reciben finalmente los recursos requiere pruebas financieras. Esos elementos no pueden deducirse únicamente del monto contratado.
También es indispensable distinguir entre el dinero de una mordida y el dinero sustraído de la Tesorería Municipal. No son conceptos equivalentes.
Un soborno puede representar una transferencia ilegal del bolsillo de una persona hacia un particular. En cambio, un desvío presupuestario implica utilizar recursos públicos fuera de su finalidad legal. Cuando una multa procedente se sustituye por una mordida, también puede dejar de percibirse un ingreso público, aunque ambos montos no necesariamente coincidan.
Por ello, para determinar el costo real de la corrupción en Juárez sería necesario separar cuatro dimensiones: los pagos ilegales realizados por los ciudadanos, las pérdidas efectivas de ingresos públicos, los recursos desviados o pagados indebidamente y los costos económicos indirectos.
Confundirlas puede producir cifras espectaculares, pero imprecisas.
El costo económico invisible: inversión, productividad y competencia
Los daños de la corrupción pueden extenderse mucho más allá del monto entregado ilegalmente.
Pensemos en una pequeña empresa juarense que necesita ampliar sus instalaciones, obtener un permiso o participar en una contratación. En un sistema confiable, los costos y requisitos son conocidos, lo que permite al empresario presupuestar, contratar trabajadores y calcular su inversión.
En un sistema vulnerable a decisiones discrecionales aparece una variable adicional: la incertidumbre. Esta puede traducirse en retrasos, gastos legales, pagos informales, oportunidades perdidas y mayores costos operativos.
Los inversionistas no solamente consideran cuánto cuesta construir una nave industrial; también evalúan si los contratos se cumplen, si las autorizaciones se resuelven conforme a reglas claras y si las autoridades actúan de manera previsible.
Esto tiene especial relevancia para Ciudad Juárez por su actividad industrial, sus cadenas de suministro, su comercio fronterizo y su relación económica con Estados Unidos. El impacto potencial alcanza a la manufactura, el comercio, los servicios, el transporte, la construcción y los pequeños negocios familiares.
Una empresa que se niega a pagar un soborno puede quedar en desventaja frente a otra que acepta una relación irregular. Cuando eso ocurre, la competencia deja de premiar necesariamente a quien produce mejor y comienza a favorecer a quien dispone de acceso privilegiado. El resultado puede ser una asignación ineficiente del capital y una reducción de la productividad.
¿Quién pierde más? El costo social de la corrupción
En términos distributivos, una misma cantidad de dinero no afecta de igual manera a todas las personas.
Una familia con ingresos elevados puede absorber con mayor facilidad un gasto extraordinario; una que vive al día, en cambio, puede verse obligada a sacrificar alimentación, transporte, medicamentos o educación. Por ello, aunque el perjuicio absoluto puede ser mayor en determinados contratos públicos, el impacto relativo de una mordida puede resultar especialmente severo para los hogares de menores ingresos.
En Ciudad Juárez, la dimensión territorial también merece atención. En sectores con carencias de infraestructura, transporte, equipamiento urbano y servicios públicos, como diversas colonias del suroriente y del poniente, cualquier falla adicional en la asignación eficiente de recursos puede profundizar las desventajas existentes.
No sería correcto afirmar que todos esos rezagos son consecuencia de la corrupción. También intervienen el crecimiento urbano, la planeación insuficiente, la disponibilidad de recursos y las decisiones históricas de inversión. Sin embargo, cuando se comprueban sobrecostos, una mala ejecución o desvíos, las comunidades con menos alternativas privadas pueden resentir con mayor intensidad el deterioro de los servicios.
En educación, un recurso mal aplicado puede traducirse en mantenimiento pendiente, equipamiento insuficiente o retrasos en infraestructura. En salud, puede significar abastecimiento deficiente, instalaciones inadecuadas o servicios contratados sin resultados verificables. En movilidad, puede expresarse en obras de baja durabilidad, señalización deficiente y mayores gastos de reparación.
En seguridad, las prácticas ilegales dentro de las instituciones deterioran la relación entre la ciudadanía y las autoridades; en materia ambiental, la aplicación irregular de las normas puede favorecer riesgos sanitarios, deterioro urbano y afectaciones que terminan pagando los habitantes.
Estas son vías posibles de impacto económico y social, no acusaciones de irregularidades específicas en cada sector.
El costo emocional: cuando la ciudadanía deja de confiar
Hay una consecuencia que difícilmente aparece en los presupuestos: el desgaste de la confianza.
La persona que considera necesario pagar para obtener un servicio al que tiene derecho puede experimentar impotencia, frustración y temor frente a la autoridad. El comerciante que observa ventajas indebidas para otros puede perder confianza en la competencia, mientras que la familia que denuncia una irregularidad y no recibe información sobre el resultado de su denuncia puede concluir que participar no produce cambios.
Ese deterioro afecta al tejido social. El problema no consiste únicamente en que exista una conducta irregular, sino en que su repetición puede modificar las expectativas colectivas.
Cuando una comunidad comienza a considerar inevitable la corrupción, disminuye el incentivo para exigir procedimientos transparentes y aumenta la tolerancia hacia las soluciones informales. A largo plazo, el riesgo es que el cumplimiento de la ley deje de percibirse como una garantía de igualdad y se convierta, en la práctica, en una desventaja.
¿Qué motiva la corrupción y por qué persiste?
Reducir el fenómeno a una supuesta falta individual de valores resulta insuficiente.
Desde la economía institucional, la corrupción puede analizarse a partir de tres condiciones: la posibilidad de obtener un beneficio ilegal, la capacidad de actuar con discrecionalidad y la expectativa reducida de ser descubierto y sancionado. Cuando una autoridad concentra decisiones, los procedimientos son opacos y las sanciones se perciben como improbables, aumentan los incentivos para aprovechar indebidamente el cargo.
Del lado de los ciudadanos y las empresas también pueden existir motivaciones diferentes: evitar una sanción, acelerar un procedimiento, conseguir una ventaja comercial o resolver una urgencia generada por la burocracia.
No todas las personas participan en las mismas condiciones. Algunas ofrecen ventajas ilegales de manera voluntaria; otras pueden enfrentar exigencias coercitivas. En ambos casos, el diseño institucional importa.
La propia ENCIG 2025 reportó que en Chihuahua se presentaron problemas en el 43.8% de los pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos estudiados. Entre los trámites que presentaron problemas, las barreras administrativas fueron la categoría más frecuente.
Una fila larga no demuestra corrupción, como tampoco lo hace un requisito excesivo por sí solo. Sin embargo, la complejidad innecesaria puede crear oportunidades para que aparezcan intermediarios o pagos destinados a evadir obstáculos.
Por eso, combatir la corrupción exige algo más que campañas de honestidad: requiere simplificar procedimientos, reducir decisiones arbitrarias, registrar cada autorización y sancionar las conductas que se demuestren.
La dimensión política: cuando el presupuesto se convierte en poder
La corrupción también altera el funcionamiento de la democracia.
En un modelo de gobierno sujeto a rendición de cuentas, las prioridades presupuestarias se justifican mediante necesidades públicas y resultados medibles. Cuando existen conflictos de interés o mecanismos ilegales de captura institucional, las decisiones pueden favorecer a grupos determinados, desplazar necesidades ciudadanas y debilitar los controles democráticos.
Este riesgo no pertenece exclusivamente a un partido, una administración o un nivel de gobierno; puede presentarse donde existan recursos, autoridad y controles insuficientes.
En Juárez existe, además, un problema relacionado con el conocimiento ciudadano sobre sus representantes. El Informe Ciudadano 2025 de Plan Estratégico de Juárez señaló que solamente el 9% de las personas encuestadas identificaba a la síndica municipal y apenas el 1% podía mencionar el nombre de alguna persona integrante del cuerpo de regidores.
Ese desconocimiento no demuestra corrupción, pero plantea una dificultad para la vigilancia democrática: resulta más complejo exigir responsabilidades cuando se desconoce quién autoriza, quién supervisa y quién debe explicar una decisión.
La fortaleza de una administración no puede evaluarse únicamente por el volumen de su presupuesto, la cantidad de obras anunciadas o el número de programas creados. También debe medirse por la calidad de sus controles, el grado de competencia en las contrataciones, la publicación de resultados y su disposición a corregir irregularidades.
¿Qué leyes sancionan la corrupción en Ciudad Juárez?
México y Chihuahua cuentan con disposiciones que permiten investigar y sancionar faltas administrativas y delitos relacionados con actos de corrupción.
El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para la administración de los recursos públicos. Por su parte, el artículo 109 constitucional desarrolla el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla conductas como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones y contratación indebida. Determinadas conductas también pueden generar responsabilidad para particulares.
En Chihuahua se aplican, según la naturaleza del caso, el Código Penal del Estado, la Ley del Sistema Anticorrupción estatal, la legislación de fiscalización superior, las normas de transparencia y las leyes relativas a adquisiciones y obra pública. En esta última materia destaca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, reformada en enero de 2026.
El sistema de vigilancia involucra a distintos órganos con funciones diferenciadas, entre ellos la Contraloría Municipal, la Sindicatura, la Auditoría Superior del Estado, los órganos internos de control, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
La responsabilidad administrativa puede dar lugar a sanciones económicas, suspensión, destitución o inhabilitación. Cuando se acredita un delito, pueden existir consecuencias penales, incluida la prisión, según el tipo penal aplicable.
Sin embargo, el verdadero desafío no consiste solamente en disponer de legislación, sino en transformar una denuncia en una investigación rigurosa, una investigación en una resolución fundada y, cuando corresponda, una resolución en sanción y reparación del daño.
Siete decisiones de política pública para reducir el costo de la corrupción
La experiencia institucional y los indicadores disponibles permiten plantear una agenda concreta para Ciudad Juárez.
Primero: transparentar completamente las contrataciones. Cada procedimiento debería permitir consultar convocatorias, participantes, evaluaciones, contratos, modificaciones, pagos, avances y entregables. La ciudadanía necesita conocer no solamente cuánto costó una obra, sino quién la ejecutó y qué resultados entregó.
Segundo: establecer alertas automáticas de riesgo. La contratación recurrente con un mismo proveedor, la fragmentación de compras, los cambios injustificados de precios y los concursos con poca participación deberían activar revisiones documentadas. Una alerta no debe convertirse automáticamente en una acusación.
Tercero: digitalizar y simplificar los trámites. Los permisos, las licencias, los pagos y las solicitudes deben contar con requisitos públicos, plazos verificables, expedientes electrónicos y mecanismos de apelación. Reducir la discrecionalidad disminuye las oportunidades de cobros informales.
Cuarto: fortalecer los controles de seguridad vial. La supervisión de actuaciones, la trazabilidad de las infracciones, los pagos exclusivamente por medios oficiales y los canales de queja independientes pueden reducir las oportunidades de negociación ilegal.
Quinto: proteger a quienes denuncian. Deben existir mecanismos seguros y confidenciales para ciudadanos, empleados públicos y proveedores, así como procedimientos que eviten represalias y permitan conocer los avances de las investigaciones.
Sexto: medir los resultados en términos de recuperación y prevención. No basta con informar cuántas auditorías se realizaron. Es necesario publicar los montos observados, las cantidades efectivamente recuperadas, las sanciones firmes, las reincidencias y los cambios administrativos aplicados.
Séptimo: crear una medición periódica específica para Juárez. Un observatorio técnico, con participación académica y ciudadana, podría estudiar los sobornos, los costos de los trámites, los riesgos en las contrataciones y las pérdidas patrimoniales comprobadas. Sus metodologías tendrían que ser públicas y comparables entre años.
Estas medidas deben acompañarse de garantías de debido proceso, controles independientes y evaluaciones periódicas, para evitar que los mecanismos anticorrupción se conviertan en instrumentos de presión política.
Una pregunta para el gobierno y otra para la sociedad
Desde una visión de Estado, el costo de la corrupción no se resuelve exclusivamente con discursos ni con nuevas estructuras burocráticas. Requiere instituciones que funcionen incluso cuando cambian sus titulares, presupuestos sometidos al escrutinio público y ciudadanos con acceso efectivo a la información.
También implica reconocer que la corrupción puede involucrar tanto a servidores públicos como a particulares que ofrecen beneficios ilegales o participan deliberadamente en esquemas indebidos.
La responsabilidad principal del Estado consiste en diseñar procedimientos que protejan el interés público, investigar sin discriminación y aplicar las sanciones correspondientes. La participación ciudadana, por su parte, fortalece la prevención y la exigencia de resultados.
La pregunta para las autoridades es concreta: ¿qué proporción del gasto público puede seguirse desde su autorización hasta la entrega verificable del beneficio que lo justificó?
Y la pregunta para la sociedad es igualmente relevante: ¿qué mecanismos de vigilancia estamos dispuestos a utilizar de manera permanente, más allá de los periodos electorales?
La riqueza de una ciudad también se mide por lo que logra proteger. Ciudad Juárez cuenta con una importante capacidad productiva, una posición fronteriza estratégica y una sociedad que sostiene buena parte de su dinamismo mediante el trabajo industrial, comercial y de servicios.
Sin embargo, la capacidad de generar riqueza no garantiza, por sí sola, que sus beneficios se distribuyan eficazmente ni que los recursos públicos cumplan su finalidad.
Los 477 millones de pesos estimados en sobornos administrativos durante 2023 representan una señal económica importante. Los 5,401 millones de pesos en contrataciones con indicadores de riesgo, analizados para el periodo comprendido entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, muestran la necesidad de una supervisión financiera rigurosa. A su vez, las cifras estatales del INEGI correspondientes a 2025 confirman que la corrupción continúa siendo una preocupación institucional y social.
Ninguno de estos indicadores, por separado, permite calcular el costo total actual de la corrupción en Juárez. En conjunto, sin embargo, justifican una agenda seria de medición, prevención, fiscalización y rendición de cuentas.
Una política anticorrupción debe proteger tanto el dinero de los contribuyentes como la igualdad de oportunidades para las empresas y el derecho de las familias a recibir servicios públicos eficaces.
Porque cada peso que se desvía ilegalmente, cada contrato que se manipula y cada derecho condicionado a un pago indebido genera costos que pueden persistir mucho después de que concluya una administración.
El desafío para Ciudad Juárez no consiste solamente en identificar cuánto dinero se mueve alrededor de la corrupción, sino en determinar cuánto daño puede demostrarse, quién obtuvo los beneficios ilegales, qué recursos pueden recuperarse y qué controles deben modificarse para evitar que vuelva a ocurrir.
La rendición de cuentas adquiere verdadero valor cuando deja de depender de la voluntad de quienes gobiernan y se convierte en una obligación institucional que puede comprobarse.
