Mientras partidos, candidatos y aspirantes destinan millones de pesos a posicionar sus nombres y conquistar espacios de poder, Ciudad Juárez enfrenta una contradicción estructural: una economía electoral capaz de movilizar enormes recursos durante unas cuantas semanas y una ciudad que requiere inversiones sostenidas para superar sus rezagos sociales, urbanos y económicos
Por Guadalupe Parada Gasson
En Ciudad Juárez, la política parece disponer de recursos para multiplicar rostros, pero la sociedad continúa enfrentando dificultades para transformar su entorno.
La contradicción tiene una dimensión económica verificable. Durante el proceso electoral de 2024, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua autorizó un tope de gasto de 33 millones 867 mil pesos para cada candidatura a la presidencia municipal, equivalente a 967 mil pesos diarios durante los 35 días de campaña.
La cifra representó un incremento de 32.6 por ciento respecto de 2021, cuando el límite fue de 25.5 millones.
Son montos máximos autorizados, no necesariamente ejercidos, pero dimensionan la capacidad financiera permitida para disputar el poder.
La pregunta de fondo trasciende la propaganda: ¿qué beneficio público produce una inversión de esa magnitud y cómo se compara con las necesidades materiales de la ciudad?
El impacto económico revela el verdadero costo de oportunidad.
En 2024, los nueve partidos políticos con registro local en Chihuahua tuvieron asignados 292.3 millones de pesos de financiamiento público estatal, de los cuales 77.4 millones correspondieron específicamente a gastos de campaña.
A escala nacional, el INE revisó gastos reportados por 7 mil 401 millones de pesos durante los procesos electorales federales y locales de ese mismo año.
Naturalmente, estos recursos no constituyen una sola bolsa que pudiera entregarse al Ayuntamiento de Juárez, corresponden a distintos ámbitos, partidas y obligaciones legales.
Sin embargo, evidencian la dimensión de una economía política que genera contratación de publicidad, impresión, transporte, personal eventual, producción audiovisual y servicios profesionales.
Parte de ese gasto beneficia temporalmente a negocios y trabajadores, pero buena parte de su utilidad está vinculada a la duración de la campaña.
A diferencia de una obra de infraestructura, cuya vida útil puede extenderse durante décadas, la propaganda electoral tiene un horizonte temporal reducido.
Es precisamente esa diferencia entre beneficio inmediato y valor público duradero la que debería incorporarse al análisis de eficiencia del financiamiento político.
La comparación con el rezago urbano de Juárez resulta particularmente ilustrativa. Según información oficial del Ayuntamiento, hasta octubre de 2024 el Sistema de Urbanización Municipal Adicional había pavimentado 57 mil 770 metros cuadrados, mediante una inversión de 46.39 millones de pesos, con beneficio directo para 733 familias.
De ese monto, casi 12 millones fueron aportados por los propios vecinos.
Tomando exclusivamente ese costo histórico como referencia, el límite de gasto de una candidatura a la alcaldía equivaldría aproximadamente a pavimentar 42 mil metros cuadrados, mientras los 77.4 millones destinados al financiamiento estatal de campañas representarían alrededor de 96 mil metros cuadrados.
No son presupuestos intercambiables ni estimaciones actualizadas de construcción, pero la equivalencia permite dimensionar la discusión; en una ciudad donde algunas familias deben contribuir con el 25 o hasta el 40 por ciento del costo de mejorar sus calles, las reglas electorales contemplan presupuestos de promoción política que superan la inversión de numerosos proyectos comunitarios.
La cuestión no es eliminar las campañas, sino discutir si su costo guarda una proporción razonable con sus beneficios democráticos.
El impacto político es igualmente profundo, aunque menos visible en las cuentas públicas.
Cuando la competencia electoral exige grandes cantidades de recursos, se fortalece la importancia de las estructuras partidistas, las fuentes de financiamiento, los operadores y la capacidad de contratación publicitaria.
Esto no demuestra por sí mismo que las elecciones estén condicionadas por intereses económicos, pero sí plantea riesgos que justifican una fiscalización rigurosa: dependencia de patrocinadores, desigualdad en las posibilidades de exposición, aportaciones no reportadas y predominio de la imagen sobre el debate programático.
La competencia también se extiende a periodos previos a las campañas mediante la presencia pública de aspirantes y dirigentes, aunque cada actividad debe analizarse jurídicamente antes de clasificarla como propaganda anticipada.
El problema institucional aparece cuando la discusión sobre quién puede gobernar se desplaza hacia quién tiene más recursos para posicionarse. Entonces, el ciudadano recibe abundante publicidad, pero puede disponer de poca información comparable sobre presupuestos, prioridades, compromisos y resultados.
El costo social de este modelo merece una reflexión todavía más severa: la distancia entre la visibilidad política y la atención de las necesidades colectivas.
Los informes Así Estamos Juárez, elaborados por Plan Estratégico de Juárez, documentan y dan seguimiento a indicadores de pobreza, movilidad, educación, salud, seguridad, servicios públicos y calidad de vida.
Su edición más reciente fue publicada en septiembre de 2026.
En las colonias donde el pavimento sigue siendo una demanda, donde trasladarse a una escuela o centro de salud supone tiempo y dinero, las deficiencias de infraestructura se traducen en costos cotidianos para las familias. Una calle deteriorada implica desgaste vehicular; una ruta de transporte insuficiente reduce oportunidades laborales; la falta de equipamiento público limita espacios de convivencia, educación y desarrollo comunitario.
No puede sostenerse que el gasto electoral sea la causa directa de todos estos rezagos, pero sí puede examinarse qué prioridades expresa un sistema capaz de financiar una intensa competencia publicitaria mientras los gobiernos enfrentan necesidades acumuladas de inversión social.
Hay otra consecuencia económica que suele quedar fuera del debate: el costo de la promesa política incumplida. Una campaña no termina financieramente el día de la elección.
Sus compromisos pueden convertirse en programas, proyectos y obligaciones presupuestarias de largo plazo. Cuando las propuestas carecen de estudios técnicos, fuentes de financiamiento o calendarios verificables, el problema deja de ser exclusivamente publicitario y se transforma en un riesgo para la planeación del gasto público.
Por eso, evaluar el costo de las campañas exige revisar también la calidad de sus plataformas: qué obras prometen, cuánto costarían, de dónde saldrían los recursos, qué indicadores permitirían evaluar resultados y cuáles son los límites reales de las atribuciones del cargo.
Sin esa información, la abundancia de propaganda puede coexistir con una profunda pobreza de propuestas medibles.
La rendición de cuentas debe comenzar antes de llegar al gobierno, no solamente después.
La conclusión abre una discusión incómoda para todo el sistema partidista, sin distinción de colores.
Reducir mecánicamente el financiamiento electoral tampoco garantiza mejores servicios públicos: las elecciones requieren recursos para asegurar pluralidad, representación y condiciones de competencia, y un recorte mal diseñado podría incrementar la influencia del dinero privado.
Sin embargo, mantener las reglas sin revisar su eficiencia también implica costos.
Ciudad Juárez necesita una discusión pública sobre los topes de campaña, la fiscalización de aspirantes, la contratación de propaganda, los mecanismos de información ciudadana y la posibilidad de reducir gastos de escaso valor democrático.
El INE dispone de un portal para consultar los ingresos y egresos reportados por candidaturas y partidos, una herramienta indispensable para distinguir los montos autorizados de los realmente ejercidos.
De cara a los próximos procesos electorales, el debate debería desplazarse de cuánto dinero necesita un político para hacerse visible hacia cuánto conocimiento, propuestas verificables y responsabilidad presupuestaria necesita una sociedad para decidir.
Porque una democracia no puede evaluarse únicamente por la intensidad de sus campañas, sino también por su capacidad de convertir la competencia por el poder en mejores condiciones de vida.
Radiografía del contraste económico
Tope por candidatura a la alcaldía de Juárez, 2024
$33.87 M
Máximo permitido, no gasto real comprobado.
Financiamiento público local de partidos en Chihuahua
2024
$292.32 M
Incluye actividades ordinarias, específicas y campañas
Millones para conquistar votos, migajas para pavimentar las calles de Juárez
La comparación es tan reveladora como incómoda para la clase política: en Ciudad Juárez, el dinero que puede gastar una sola candidatura para conquistar la presidencia municipal equivale a pavimentar aproximadamente 42 mil metros cuadrados de calles, casi tres cuartas partes de toda la superficie que el programa municipal SUMA logró pavimentar durante 2024. Mientras el Instituto Estatal Electoral autorizó un tope de 33.8 millones de pesos por candidatura, el municipio invirtió 46.3 millones para pavimentar 57 mil 770 metros cuadrados, beneficiando directamente a 733 familias, muchas de las cuales tuvieron que aportar dinero de sus propios bolsillos para mejorar sus calles.
La dimensión del contraste es todavía mayor: los 77.4 millones de pesos asignados a los partidos exclusivamente para campañas en Chihuahua equivaldrían, utilizando los costos documentados por SUMA, a pavimentar más de 96 mil metros cuadrados, mientras que los 292.3 millones de financiamiento público estatal total a los partidos representarían aproximadamente 364 mil metros cuadrados, más de seis veces lo realizado por ese programa municipal.
No son recursos legalmente intercambiables ni cifras de gasto electoral efectivamente ejercido, sino equivalencias que exhiben el costo de oportunidad de las prioridades presupuestarias.
El problema no es solamente cuánto cuesta conquistar el poder, sino cuánto beneficio público recibe una sociedad que financia su democracia mientras continúa pagando de su bolsillo las carencias de su ciudad.
En las colonias, el pavimento puede tardar décadas en llegar; en las campañas, la propaganda aparece en cuestión de días.
Y esa diferencia plantea una pregunta que ningún partido debería eludir; ¿puede justificarse la dimensión del gasto destinado a promover aspiraciones personales cuando todavía existen comunidades que deben organizarse y aportar recursos para conseguir una calle digna?
Esa discusión permitiría pasar de la indignación por las cifras a una agenda concreta de reformas, fiscalización y responsabilidad pública.
