Unos hacen cuentas, otros pagan los platos

La militancia jaló el freno en Acción Nacional — El Valle: la paciencia tampoco tiene ruedas — Jáuregui: al expediente todavía le faltan nombres y respuestas — Seguridad: el boletín salió mejor que la cuenta — PAN: nadie se mueve, pero las sillas cambian de lugar — Garduño: la justicia terminó su trámite; las familias siguen esperando 

La militancia jaló el freno en Acción Nacional. Al PAN de Chihuahua se le calentó la casa. Cientos de panistas acudieron al Comité Directivo Estatal para respaldar a César Jáuregui y reclamar ante una dirigencia que ahora tiene que administrar algo bastante más complicado que una lista de aspirantes: la desconfianza entre los propios.

La protesta desembocó en una mesa de diálogo con Daniela Álvarez y en la suspensión del proceso interno para seleccionar candidato a la presidencia municipal de Chihuahua hasta que se resuelva la situación jurídica del exfiscal. Los que llevaban prisa tendrán que guardar los tenis. La carrera entró en pausa.

El acuerdo puede servir para evitar que la ausencia de uno de los participantes se convierta en ventaja para los demás. Pero también revela el tamaño del problema: la dirigencia necesita ofrecer garantías suficientes para que sus militantes crean en el procedimiento. Cuando hay que detener el reloj para recuperar confianza, algo venía haciendo ruido.

Ahora falta precisar qué significa “hasta que se resuelva”. ¿Qué resolución permitirá reanudar el proceso? ¿Quién tomará esa decisión y bajo qué reglas? Porque el diablo está en los detalles y, tratándose de candidaturas, suele llegar temprano y apartar silla.

Daniela consiguió un acuerdo, pero tendrá que sostenerlo con claridad. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente; militante que desconfía ya aprendió a llegar al comité antes de que le sirvan la candidatura cocinada.

El Valle: la paciencia tampoco tiene ruedas. Vaya manera de poner a prueba a los habitantes del Valle de Juárez: quedarse sin transporte y tener que seguir llegando puntuales. Al trabajo no se le puede decir que la ruta anda en asuntos administrativos. Tampoco al médico ni al maestro. El camión falta; las obligaciones pasan lista todos los días.

La suspensión del servicio Juárez-Porvenir obliga a buscar aventón, pagar otro traslado o cancelar actividades. La factura cae donde siempre: en el bolsillo de quien menos margen tiene para absorber otro gasto. Para esos usuarios, cada día sin ruta representa un problema bastante más urgente que cualquier intercambio de oficios.

Los vecinos convocaron a manifestarse el domingo 25 de octubre en Guadalupe-Tornillo. Ya se sabe: cuando una queja se acerca a un puente internacional, adquiere una extraordinaria capacidad para encontrar funcionarios disponibles. Ojalá esta vez la respuesta llegue antes que la protesta.

El Gobierno estatal tendrá que resolver lo que corresponda con la empresa y asegurar el servicio. Ambas tareas vienen en el mismo paquete. De poco sirve poner orden en los papeles si, mientras tanto, se deja a las comunidades viendo pasar vehículos ajenos.

Dicen que hablando se entiende la gente. Muy bien: que hablen, acuerden y publiquen horarios. Porque hasta ahora los usuarios son quienes están poniendo las piernas, el dinero y una paciencia que tampoco es de diésel.

Jáuregui: al expediente todavía le faltan nombres y respuestas. Con César Jáuregui detenido, más de alguno podrá sentirse tentado a dar por atendida la crisis. Ahí está el exfiscal, ahí están las acusaciones, asunto encaminado. Qué cómoda sería la vida pública si bastara encontrar un escritorio vacío para depositarle todas las preguntas.

La participación de agentes estadounidenses exige reconstruir cómo se tomaron las decisiones. Quién estableció los contactos, quién permitió las actividades, quién recibió información y quién debía supervisar. Una estructura de seguridad tiene mandos precisamente para que las cosas no ocurran por generación espontánea.

Jáuregui tendrá que responder a los señalamientos y las fiscalías deberán probarlos. Su presunción de inocencia sigue vigente. También sigue vigente el derecho de los chihuahuenses a conocer cómo funcionaban las instituciones encargadas de cuidarlos.

Al gobierno de Maru Campos le corresponde explicar sus controles y su cadena de información. El “yo no sabía” puede ser cierto, pero entonces abre otra pregunta bastante incómoda: cómo se gobernaba un área capaz de mantener asuntos de esa dimensión fuera del conocimiento de quien debía enterarse.

El hilo suele romperse por lo más delgado. Aquí habrá que comprobar cuánto resiste la investigación cuando llegue a los nudos del poder. Porque aclarar un caso requiere seguir las pruebas hasta donde conduzcan, aunque el recorrido arruine varias amistades.

Seguridad: el boletín salió mejor que la cuenta. Hay cifras favorables en el reporte de seguridad de Chihuahua capital: bajaron varias modalidades de robo. Se agradece. Quien ha encontrado su casa saqueada o ha salido a buscar un automóvil que ya no estaba sabe que esos resultados tienen valor.

Luego aparece el dato que obliga a bajarle dos rayitas a la celebración: 253 víctimas de homicidio doloso frente a 256 en el periodo comparable del año anterior. Tres menos. La reducción existe, pero deja prácticamente intacta la magnitud del problema.

Los porcentajes tienen sus encantos, sobre todo cuando quedan bonitos en una tarjeta informativa. El riesgo empieza cuando la comunicación oficial escoge los números como quien selecciona tomates: estos se exhiben al frente y aquellos se acomodan donde no se vean tanto.

La administración municipal debe explicar qué medidas han ayudado a reducir los robos y qué falta para contener la violencia letal, en coordinación con las demás autoridades. Presentar el balance completo permitiría discutir resultados con seriedad, sin convertir cada reporte en función de aplausos.

Las cuentas claras conservan amistades; en el gobierno también ayudan a conservar credibilidad. Y ahí conviene recordar que cada víctima representa una familia para la que la inseguridad nunca será un porcentaje pequeño.

PAN: nadie se mueve, pero las sillas cambian de lugar

Santiago de la Peña sostiene que el caso Jáuregui debe atenderse en el terreno jurídico. El planteamiento es correcto, una acusación se resuelve con pruebas, ahora falta encontrar la manera de que sus efectos electorales obedezcan la instrucción y se queden quietecitos.

De la Peña y Jáuregui aparecen en la conversación por la candidatura panista a la alcaldía de Chihuahua. Bajo esas circunstancias, cualquier movimiento del expediente repercute en la competencia. La política tiene esa mala costumbre de meterse hasta donde juran que no fue invitada.

Obtener una ventaja no prueba haberla provocado, eso debe quedar bien establecido, pero pedir que nadie observe quién gana espacio sería como mover los muebles de la sala y luego molestarse porque la visita pregunta dónde quedó el sillón.

La dirigencia panista necesita reglas claras y condiciones creíbles para sus aspirantes. También debe explicar cómo impedirá que el ejercicio de un cargo público se traduzca en trato preferente. Cuanto más delicado se vuelve el entorno, menos sirven las garantías de palabra.

“A río revuelto, ganancia de pescadores”, dice el refrán. En el PAN convendría transparentar el concurso antes de que alguno aparezca en la orilla, con la cubeta llena, asegurando que nada más había salido a caminar.

Garduño: la justicia terminó su trámite, las familias siguen esperando. La causa penal contra Francisco Garduño se extinguió. Esa resolución tiene un alcance jurídico que debe explicarse con precisión. Para las familias de los 40 migrantes muertos en la estación del INM de Ciudad Juárez, quedan además preguntas que ningún sello de “concluido” puede despachar.

La presidenta descartó nuevas investigaciones contra el exfuncionario. Corresponde entonces informar qué responsabilidades quedaron establecidas, qué reparación han recibido las víctimas y qué consecuencias tuvo la tragedia dentro de la institución. La ciudadanía merece algo más sustancioso que la recomendación de darse por satisfecha.

Juárez también necesita conocer cómo se supervisan hoy las instalaciones migratorias. Quién verifica las condiciones de seguridad, quién atiende una emergencia y quién responde si los protocolos se quedan guardados en un cajón. Después de lo ocurrido, exigir esas respuestas resulta elemental.

Porque el problema de los discursos sobre garantías de no repetición es que suelen repetirse con una puntualidad admirable. Lo difícil es demostrar que cambiaron las prácticas, que existe vigilancia efectiva y que las víctimas reciben atención sin tener que mendigarla.

Obras son amores y no buenas razones. Aquí las obras se llaman reparación, supervisión y rendición de cuentas. Todo lo demás puede quedar impecable en el archivo y seguir debiéndole demasiado a Juárez.