Jáuregui y Anapra, la patria según quién cuente el cuento — El PAN recoge los platos y Morena ya pregunta por la herencia — Sheinbaum, mucha Constitución en el atril y poca paciencia con sus garantías — Puente Libre, mientras unos agitan la bandera otros pagan la fila
Jáuregui y Anapra, la patria según quién cuente el cuento. El ex fiscal general del estado César Jáuregui el pasado domingo obtuvo una resolución que le permite enfrentar en libertad la causa estatal, pero no fue suficiente para regresar tranquilamente a su casa, porque la investigación federal, por presunta traición a la patria, le puso otro candado al asunto. Dos procedimientos diferentes que la propaganda político-partidista revuelve como si fueran menudo, donde cada uno mete la cuchara y nadie quiere explicar de dónde salió la carne.
La decisión sobre su vinculación en el proceso estatal quedó pendiente para el jueves 22, mientras la defensa consiguió frenar la incorporación de declaraciones cuestionadas durante la audiencia. Eso no lo absuelve, pero tampoco permite presentarlo como sentenciado, aunque a quienes ya tenían preparado el festejo les incomode que el juez se ponga a revisar el expediente, qué manera tan poco patriótica de arruinarles la fiesta.
La declaración de Jáuregui difundida como íntegra ante el juez añade una versión que debe escucharse y contrastarse. Según la cobertura de esa intervención, Jáuregui niega pruebas de su participación en actividades ilegales, denuncia motivaciones políticas y explica que dejó la Fiscalía para permitir una investigación sin interferencias desde su oficina, argumentos que requieren respuesta documental, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, tanto para quien se defiende como para quien acusa. (Declaración difundida https://tinyurl.com/269k5xx3)
Su pregunta sobre qué habría ocurrido con Pedro Román Oseguera si hubiera sobrevivido al accidente que siguió al operativo toca una fibra incómoda. Obliga a explicar cómo una intervención presentada como golpe al narcotráfico terminó convertida en una búsqueda de responsabilidades donde todos parecen dispuestos a entregar al compañero con tal de conservar limpia la fotografía.
Y aquí entra Anapra, porque la memoria fronteriza sirve para algo más que poner nombres a las calles. Entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de septiembre de 2002, policías mexicanos detuvieron habitantes de aquella zona y los entregaron a agentes estadounidenses por la frontera, fuera de los procedimientos institucionales, hechos que derivaron en acusaciones de traición a la patria y otros delitos contra agentes municipales y fiscales. Antecedente documentado https://tinyurl.com/29on78v5.
Una crónica de diciembre de 2003 reportó que la defensa de 66 elementos, entre policías municipales y agentes fiscales, buscaba protección judicial frente a las órdenes de aprehensión. El antecedente derrumba cualquier pretensión de presentar la acusación actual como una ocurrencia jamás vista en esta frontera, aquí ya se había invocado la patria para perseguir responsabilidades por actuaciones con autoridades extranjeras, aunque algunos descubran la historia solamente cuando les conviene el capítulo. Archivo de El Universal https://tinyurl.com/2yzjhgfl.
Los hechos, desde luego, difieren, en Anapra estaba de por medio la entrega irregular de mexicanos a otra jurisdicción y en El Pinal se investiga la participación de agentes extranjeros en un operativo. Compararlos exige distinguir las conductas y las pruebas, porque meter todo en el mismo costal sería tan serio como diagnosticar dos enfermedades distintas porque ambos pacientes traen bata.
Pero hay una pregunta que atraviesa los dos episodios, quién dio las órdenes y hasta dónde llega la responsabilidad de los mandos. En 2003 ya había voces que reclamaban investigar a quienes dirigieron la actuación de los policías, una exigencia que hoy vuelve a sonar demasiado familiar, como si en más de veinte años hubiéramos modernizado las patrullas y dejado intacta la costumbre de buscar por dónde cortar la cadena.
La incongruencia de El Pinal exige ir todavía más lejos, porque mientras se discute con solemnidad quién permitió la presencia de extranjeros, también debe explicarse cómo pudo instalarse y funcionar la infraestructura criminal que motivó el operativo. Quién la abastecía, quién movía sus insumos y qué autoridades tenían información son preguntas tan necesarias como las relativas a las autorizaciones, porque tanta vigilancia de la soberanía debería alcanzar también para detectar lo que ocurre dentro del territorio.
La ley debe revisar la cooperación extranjera y perseguir a las organizaciones criminales con el mismo rigor. Sería una grotesca inversión de prioridades que el debate público agotara su energía en los agentes que llegaron y dejara en segundo plano a quienes hicieron posible el negocio de las drogas, como ponerle una multa al que brincó la barda mientras nadie pregunta por qué había una fábrica clandestina en el patio.
Además, hoy la presidenta sostuvo que no se desmanteló un laboratorio, una afirmación que contrasta con la versión defendida por Jáuregui. Esa diferencia demanda inventarios, peritajes y una reconstrucción verificable del operativo, porque el país merece saber qué ocurrió y no recibir un laboratorio que aparece o desaparece según quién tenga el micrófono.
El resultado de una operación no borra posibles ilegalidades y la existencia de irregularidades tampoco responde por sí sola todas las preguntas sobre el crimen investigado. Tan sencillo como eso, aunque en política prefieran hacerse bolas con el rebozo antes que explicar quién sabía, quién decidió y quién dejó hacer.
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El PAN recoge los platos y Morena ya pregunta por la herencia. Las posturas de Jorge Romero, Daniela Álvarez, Maru Campos y Marco Bonilla dejaron una fotografía del panismo bastante más reveladora que cualquier abrazo de unidad. Todos hablan de legalidad, pero cada quien acomoda el paraguas para que la lluvia le caiga al vecino, con esa solidaridad de familia que dura exactamente hasta que aparece el notario para la lectura del testamento del patriarca.
Romero cuestionó el encuadre de la acusación federal y el momento de la intervención de la FGR, después de meses de investigación. La pregunta merece respuesta, aunque llamar antiguo a un delito tampoco lo borra de la legislación, porque el problema jurídico consiste en acreditar sus elementos y no en determinar si el Código Penal combina con la temporada.
Daniela pidió resoluciones basadas en pruebas, acusó cálculo político y llamó a cerrar filas, una tarea que empieza a parecer la de juntar gatos mientras alguien agita una bolsa de croquetas desde otra habitación. Pedir unidad es fácil, explicar qué compromisos existen entre quienes se están enfrentando exige bastante más que un comunicado con el logotipo bien centrado.
Maru defendió la actuación de las instituciones y sostuvo que nadie que haya servido en su gobierno está por encima de la ley. El principio obliga a revisar toda la cadena de decisiones, incluida la información recibida por su administración, porque no se vale presumir control del gobierno para los informes y descubrir autonomía absoluta de los subordinados cuando llega la investigación.
Bonilla exigió presunción de inocencia y debido proceso, además de acusar a Morena de convertir la justicia en espectáculo. Tiene razón en reclamar garantías, aunque también debe procurar que esa defensa sea consistente cuando el investigado pertenezca a otro partido, porque el buen juez por su casa empieza y la Constitución no trae descuento especial para los correligionarios.
Del otro lado, Citlalli Hernández reclamó que la detención no cierre la investigación sobre Maru Campos y que se explique qué sabía la gobernadora y qué decisiones tomó. La exigencia es pertinente, la responsabilidad de los mandos debe investigarse con pruebas, aunque Morena tendría que conservar ese entusiasmo cuando las preguntas apunten hacia sus propios gobiernos, para que el famoso caiga quien caiga no termine significando caiga quien traiga otro color de chaleco.
En el ámbito local, Cruz Pérez Cuéllar optó por remitir el asunto al terreno judicial, una postura prudente que convendría convertir en regla compartida por su movimiento. Porque si unos piden esperar a los tribunales mientras otros reparten responsabilidades desde la conferencia presidencial, entonces cada músico está tocando su canción y todavía quieren cobrar como orquesta.
Brenda Ríos fue más explícita en la lectura electoral, dijo que los panistas “están sacando el cobre” y vinculó la confrontación con la disputa por el poder, además de anticipar un cambio de gobierno en la capital. Ahí se asoma el interés partidista sin necesidad de lupa, todavía están discutiéndose las acusaciones y ya hay quien mide las cortinas de la siguiente administración.
El PAN tiene un incendio interno y Morena encontró dónde calentar sus aspiraciones, pero ninguno debería confundir el rendimiento electoral del escándalo con el esclarecimiento de los hechos. A río revuelto, ganancia de pescadores, aunque aquí algunos llegaron con red, hielera y propaganda para 2027.
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Sheinbaum, mucha Constitución en el atril y poca paciencia con sus garantías. La presidenta preguntó ayer cómo un fiscal puede ser el primero en violar la ley, una formulación que presenta como establecida la responsabilidad que todavía debe discutirse ante un juez. La frase trae la condena política incluida, como esos paquetes de telefonía donde uno descubre demasiado tarde todo lo que le cargaron a la cuenta.
La presunción de inocencia no depende de la simpatía que despierte Jáuregui, de la gravedad del señalamiento ni del humor de Palacio. El artículo 20 establece que se presume inocente a la persona mientras su responsabilidad no sea declarada mediante sentencia, una disposición suficientemente clara para entenderse sin intérprete, aunque al poder le dé por leerla con los ojos entrecerrados (Texto constitucional https://tinyurl.com/29ftphcx).
Desde esta columna, dar por cometido un quebranto legal atribuible al exfiscal antes de una sentencia atropella esa garantía. La presidenta puede explicar lo investigado y exigir cuentas, pero su investidura obliga a distinguir una acusación de una responsabilidad acreditada, porque tener el micrófono más grande del país no incluye licencia para ponerse la toga de juez.
Hoy Sheinbaum negó un pacto con Maru Campos y afirmó que no hacen acuerdos políticos con la justicia, además de señalar que corresponde a la FGR investigar posibles responsabilidades de la gobernadora. Esa negativa debe quedar registrada, igual que debe exigirse que el expediente permita evaluar la actuación institucional sin depender de juramentos presidenciales.
Pero hay una contradicción que ella misma debe resolver, si la responsabilidad de Maru corresponde investigarla a la Fiscalía, la de Jáuregui también necesita acreditarse ante los tribunales. No puede pedirse paciencia procesal para una parte y utilizar afirmaciones concluyentes sobre la otra, porque entonces la justicia acaba pareciéndose a la báscula del mercado que pesa distinto según quién compre quién venda.
La soberanía merece una defensa seria y la presencia irregular de agentes extranjeros exige investigación, pero envolver una imputación en la bandera no sustituye demostrarla. El hábito no hace al monje y el escudo nacional detrás del atril tampoco convierte cada valoración presidencial en verdad judicial, menos en verdad absoluta.
Anapra recuerda, precisamente, por qué estos asuntos requieren escrutinio y garantías, hay ciudadanos, policías y mandos cuyas responsabilidades deben individualizarse. La historia sirve para exigir mejores investigaciones, no para sacar del archivo una etiqueta y pegarla sobre otro expediente como si fuera promoción de supermercado.
Y frente a El Pinal, la pregunta política permanece, qué clase de soberanía se presume si el debate sobre quién intervino desplaza la explicación sobre quién instaló, sostuvo y protegió la actividad criminal investigada. Defender el territorio también exige impedir que se use para producir drogas, porque de otro modo habrá mucha bandera ondeando y demasiadas preguntas enterradas debajo del asta.
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Puente Libre, mientras unos agitan la bandera otros pagan la fila. Mientras los partidos se reparten certificados de patriotismo, Juárez necesita saber cómo conservará empleos, inversiones y capacidad para mover mercancías. La ciudad puede aguantar muchos discursos, lo que difícilmente aguanta es que la competitividad siga pagando los platos rotos de decisiones tomadas lejos de sus filas aduanales.
La economía local llega a este debate con una herida laboral considerable. Un reporte publicado en agosto, basado en cifras del Inegi, registró 253 mil 863 personas ocupadas en la maquiladora durante junio, con una recuperación mensual de 2 mil 617 plazas después de una contracción acumulada superior a 72 mil puestos en tres años, un respiro que todavía distaba de curar la enfermedad.
Cada salario industrial sostiene compras, renta, transporte y servicios, por eso un recorte en una planta termina llegando hasta el puesto de comida que nunca ha exportado un tornillo. Cuando falta nómina, el consumo se encoge y el comerciante descubre que las promesas de inversión no sirven para pagarle al proveedor, por muy bonito que venga el anuncio.
El proyecto del BOTA contempla terminar el procesamiento de carga comercial al comenzar las obras, previstas para principios de 2028, con conclusión de la modernización en el verano de 2031. El calendario no anuncia un cierre total inmediato para peatones y automovilistas, pero retirar la carga representa alterar una pieza fundamental de la operación fronteriza (Información oficial de la GSA – https://tinyurl.com/23vabgy3).
Desviar operaciones hacia Zaragoza, Santa Teresa o Tornillo puede sumar recorridos, peajes, combustible y horas de operador, además de obligar a reorganizar patios, almacenes y despachos, todo eso le pega directo a la logística. Para las plantas que dependen de entregas sincronizadas, una ruta menos predecible significa guardar más inventario o aceptar mayor riesgo de interrupciones, porque el justo a tiempo no funciona con la estampita de la buena suerte pegada al tablero.
El costo sería desigual, según la ubicación y las condiciones de cada empresa, mientras los negocios pequeños tendrían menos margen para absorber ajustes. Como dice el refrán, el hilo se rompe por lo más delgado, y en logística ese hilo suele tener nombre de transportista pequeño, proveedor local o importador que ya trabaja contando los centavos.
También podría haber traslado de costos al consumidor, como advirtió la Canaco, aunque la magnitud dependería de cada producto, la ruta y la competencia. Lo que cuesta más mover puede acabar costando más comprar, una explicación bastante menos complicada que las maromas oficiales para asegurar que todo marcha de maravilla.
La incertidumbre logística pesa además sobre las inversiones futuras, porque una compañía puede tolerar retrasos ocasionales y aun así elegir otra región cuando decide dónde ampliar producción. El daño potencial incluye los empleos que podrían perderse y aquellos que nunca llegarían a crearse aquí, las oportunidades ausentes no hacen fila para protestar, pero también vacían bolsillos.
La Cámara de El Paso, al divulgar el estudio que encargó al Hunt Institute de UTEP, advierte una posible fuga de 10.9 por ciento del comercio comercial hacia otras regiones fronterizas. También señala que, sin ampliaciones alternativas, el retiro de carga del BOTA adelantaría de 2034 a 2031 la saturación prevista de los puertos regionales, escenarios que exigen preparación y negociación desde ahora (Hallazgos publicados – https://tinyurl.com/24ldmwuh).
Conviene mantener los números en su lugar, porque mercancía que cambia de ruta no equivale automáticamente a una pérdida del mismo valor para Juárez y una proyección del condado de El Paso no puede presentarse como cálculo de desempleo juarense. Inflar las cifras consigue titulares, pero negociar con cuentas confusas es como ir por tortillas con billetes del Turista Mundial.
La dimensión ambiental tampoco puede despacharse con un chiste, reducir emisiones cerca del BOTA o Puente Libre puede beneficiar a sus vecinos, aunque trasladar camiones sin una solución regional aumentaría presión sobre otras rutas. Resolver un problema mandándolo al patio de enfrente sería aplicar el muy mexicano ahí se va, solamente que con presupuesto en dólares.
Para los automovilistas, una mejora en el BOTA podría facilitar cruces, mientras el desplazamiento de carga presionaría accesos a otros puertos. El resultado dependerá de la capacidad real de toda la red, porque los camiones no desaparecen cuando un funcionario los borra de una diapositiva.
Juárez necesita defender alternativas que conserven capacidad comercial y preparar una contingencia con carriles, personal, horarios compatibles, vialidades y recursos. Al mal tiempo, buena cara, dice el refrán, aunque una aduana funciona bastante mejor con inspectores que con sonrisas.
También necesita fortalecer proveedores locales, capacitar trabajadores y resolver obstáculos de energía, agua, seguridad y movilidad. Diversificar ingresos y cuidar la manufactura existente exige una política sostenida, porque llevar todos los huevos en una canasta resulta todavía más peligroso cuando la canasta depende de que abran otra caseta.
A la Federación, al Estado y al Municipio les toca fijar responsables, fechas y presupuesto, el tiempo disponible debe servir para ejecutar soluciones. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y a Juárez no le conviene descubrir que sus representantes estaban soñando con 2027 mientras la inversión aprendía el camino hacia otra frontera.
La del estribo. La patria también se defiende cuidando el trabajo de quienes la sostienen, aunque esa tarea luzca menos que una acusación grandilocuente o una conferencia con muchos reflectores. Para presumir a Juárez como motor económico siempre hay voluntarios, para ponerle aceite al motor resulta que todos dejaron la cartera en el otro pantalón.
