Por Guadalupe Parada Gasson
En Ciudad Juárez existe una economía paralela que rara vez aparece en las estadísticas de manera integral, pero que se manifiesta todos los días: ropa con marcas falsificadas, tenis, bolsas, perfumes, accesorios, electrónicos, cigarros ilegales, autopartes, productos importados irregularmente, medicamentos de procedencia dudosa y mercancías comercializadas a través de redes sociales, sin factura, trazabilidad ni certeza sobre su origen.
El fenómeno no puede reducirse al vendedor ambulante ni confundirse con el comercio tradicional de «segundas». Vender un artículo usado es algo muy distinto de falsificar una marca, evadir una regulación sanitaria o introducir mercancía de contrabando. Esta distinción resulta fundamental para comprender la dimensión real del problema.
A escala nacional, el fenómeno ha dejado de ser marginal. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) estima que los mexicanos gastan más de 63 mil millones de pesos anuales en productos pirata. El organismo advierte que esta actividad afecta a sectores como el textil, el calzado, el farmacéutico, el automotriz, el electrónico, el de alimentos y bebidas, y el tabacalero.
Por su parte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) identificó, durante 2026, 148 mercados notorios de piratería en 30 entidades y 61 municipios. Entre las mercancías falsificadas más comunes figuran, en primer lugar, la ropa y los accesorios, seguidos de las bolsas, los cosméticos, los alimentos, el calzado y los productos electrónicos.
La tendencia mexicana coincide con el fenómeno internacional. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) calculan que los productos falsificados representaron hasta el 2.3% del comercio mundial, equivalente a 467 mil millones de dólares, con datos de 2021. La ropa, el calzado y los artículos de cuero concentraron el 62% de las falsificaciones incautadas.
Juárez: el problema adquiere otra dimensión
En Ciudad Juárez, el asunto es particularmente sensible porque esta no es únicamente una ciudad consumidora; también es uno de los principales nodos industriales, logísticos y aduaneros de México.
Los Censos Económicos muestran que el municipio concentra el 51.5% del personal ocupado de Chihuahua, el 59.8% de las remuneraciones y alrededor del 49% del valor agregado censal bruto del estado. A ello se suma el peso de su actividad aduanera: la Aduana de Ciudad Juárez recaudó 64 mil 213.7 millones de pesos durante 2025, equivalentes al 14% de la recaudación de las aduanas fronterizas, solo por detrás de Nuevo Laredo.
Esto significa que proteger la legalidad comercial en esta frontera no es un asunto menor, limitado a inspectores y vendedores. Se trata de una cuestión de competitividad regional, seguridad económica y relaciones comerciales con Estados Unidos.
Por ello, sería un error medir el problema únicamente a partir de los decomisos realizados en calles y mercados. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en todo México 11 millones 602 mil 334 productos presuntamente falsificados durante los primeros siete meses de 2026, cuyo valor comercial legítimo habría superado los 3 mil 114 millones de pesos.
Un dato resulta especialmente relevante para Juárez: el 59% de esas mercancías fue localizado en contenedores.
El mensaje es evidente: la piratería moderna ya no opera solamente mediante pequeños puestos callejeros. También utiliza redes de logística internacional, bodegas, importadores, comercio electrónico, redes sociales, servicios de paquetería y estructuras de distribución cada vez más sofisticadas.
¿Qué piratería consume más Ciudad Juárez?
Aquí aparece una debilidad institucional que debería preocuparnos: actualmente no existe una estadística pública municipal suficientemente sólida que permita determinar qué porcentaje del mercado pirata de Juárez corresponde a ropa, cigarros, electrónicos, medicamentos o calzado. Precisamente, esa falta de información es parte del problema.
La evidencia disponible permite, sin embargo, identificar algunos patrones. A escala nacional, el IMPI sitúa la ropa y los accesorios como las categorías más frecuentes de mercancía falsificada, seguidas de las bolsas, los cosméticos, los alimentos, el calzado y los productos electrónicos.
También existe un antecedente local ilustrativo. En 2021, la FGR reportó la destrucción de más de 91 mil artículos falsificados vinculados con investigaciones federales en Ciudad Juárez, entre ellos sudaderas, camisas, lentes, bolsas, zapatos, relojes, gorras, playeras y aparatos electrónicos.
No sería correcto convertir aquel decomiso en una fotografía estadística del mercado de 2026, pero sí constituye evidencia de la presencia histórica de estas categorías en el mercado fronterizo.
El tabaco merece un capítulo aparte
La Comisión Nacional contra las Adicciones al Tabaco (CONAINTA) estima que aproximadamente el 26% de los cigarros consumidos en México son ilegales; es decir, alrededor de uno de cada cuatro.
El incentivo económico es enorme. Mientras una cajetilla legal supera en muchos casos los 100 pesos, los productos ilícitos pueden encontrarse por una fracción de ese precio. Cuando la diferencia alcanza tales proporciones, el contrabando deja de competir únicamente con una marca y comienza a hacerlo con la capacidad adquisitiva de las familias.
La verdadera materia prima del mercado ilegal es el precio
Este es probablemente el componente que más se soslaya en el debate político. El consumidor de piratería no siempre compra porque quiera financiar una actividad ilegal; muchas veces lo hace porque sus ingresos ya no le alcanzan para adquirir el producto formal.
El informe Así Estamos Juárez reportó que alrededor del 80% de las personas consultadas declaró percibir ingresos equivalentes a entre uno y dos salarios mínimos. En ese contexto, una playera de 250 pesos compite con una original de mil; un perfume de 300 pesos, con otro de dos mil; y un cigarro ilegal, con una cajetilla legal que puede costar cuatro o cinco veces más.
Aquí aparece el aparente impacto positivo del mercado irregular: ofrece productos económicos, genera ingresos de subsistencia, proporciona liquidez inmediata a pequeños vendedores y permite que las familias de bajos ingresos accedan a determinados bienes.
Ese beneficio existe, y negarlo impediría comprender por qué la piratería persiste. Sin embargo, se trata de una ventaja privada de corto plazo cuyos costos terminan trasladándose al conjunto de la sociedad.
El comerciante formal paga renta, nómina, seguridad social, IVA, ISR, permisos y costos de cumplimiento sanitario; el producto clandestino puede eludir buena parte de esas obligaciones. La diferencia de precios deja entonces de ser una simple expresión de eficiencia comercial y se convierte en competencia asimétrica.
El Estado recauda menos, los negocios formales pierden mercado y los consumidores asumen riesgos que van desde adquirir una batería defectuosa hasta utilizar cosméticos contaminados, instalar autopartes inseguras o consumir medicamentos falsificados.
Ni todo lo informal es ilegal ni todo lo legalmente establecido está libre de irregularidades
También conviene desmontar otro mito: la informalidad no significa automáticamente piratería.
Ciudad Juárez registró una tasa de informalidad laboral del 28.5% durante el cuarto trimestre de 2025, una de las más bajas entre las 39 ciudades medidas por el INEGI. La ocupación específicamente en el sector informal fue del 14.3%.
Además, al comenzar 2025, el municipio tenía 105 mercados populares registrados y alrededor de otros 50 en proceso de incorporación. En septiembre de ese año, la Dirección de Regulación Comercial reportó mil 629 comerciantes ambulantes fijos y semifijos registrados, y estimó que aproximadamente el 10% de los ambulantes operaba sin permiso.
Combatir la piratería mediante el cierre indiscriminado de mercados o la persecución de cualquier vendedor informal sería, por tanto, una medida económicamente torpe y socialmente injusta.
La estrategia correcta consiste en distinguir entre el comerciante de subsistencia y el distribuidor de mercancía ilícita; entre el vendedor de artículos de segunda mano y el falsificador; entre el pequeño puesto y el importador que introduce contenedores completos; y entre el consumidor engañado y quien adquiere conscientemente productos ilegales.
El costo político: cuando lo ilegal se vuelve normal
Existe, además, una dimensión política mucho más profunda. Una sociedad comienza a debilitar su Estado de derecho cuando aprende que ciertas leyes pueden incumplirse cotidianamente sin que existan consecuencias.
Primero se trata de una bolsa falsificada; después, de una importación subvaluada; luego, de una factura inexistente, una mercancía que incumple las normas sanitarias o un cargamento que cruzó la frontera mediante actos de corrupción.
El problema no consiste en equiparar moralmente todas esas conductas, sino en comprender que las economías ilegales prosperan precisamente allí donde los límites entre la legalidad y la tolerancia administrativa se vuelven difusos.
La OCDE advierte que el comercio ilícito erosiona la recaudación, distorsiona los mercados, debilita las instituciones y puede proporcionar recursos a redes criminales. Para una ciudad cuya prosperidad depende de la confianza de las cadenas globales de suministro, la reputación logística también constituye un activo económico.
Juárez necesita inteligencia económica, no solamente decomisos
La solución debe comenzar por algo elemental: medir.
Ciudad Juárez debería construir un Mapa Municipal del Comercio Ilícito, alimentado con información de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la FGR, el IMPI, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Fiscalía estatal, las corporaciones de seguridad pública, la Dirección de Regulación Comercial y las cámaras empresariales. Por la naturaleza binacional de la región, también sería conveniente establecer mecanismos de intercambio de información con las autoridades estadounidenses.
El propósito no debería ser simplemente identificar dónde se vende piratería para organizar operativos destinados a las fotografías oficiales, sino determinar qué mercancías ingresan, por dónde lo hacen, quién las importa, dónde se almacenan, cómo se distribuyen, quién cobra y quién obtiene los mayores márgenes de ganancia.
El segundo cambio consiste en invertir la pirámide de persecución. Si el 59% de los productos asegurados por la FGR durante los primeros siete meses de 2026 fue localizado en contenedores, concentrar la respuesta gubernamental en el último eslabón de la cadena resulta insuficiente.
Es más efectivo interceptar un contenedor que pasar meses decomisando mercancía pieza por pieza a los vendedores finales.
El tercer componente es tecnológico: trazabilidad, análisis de riesgos aduaneros, inteligencia artificial para detectar subvaluaciones y patrones anómalos, intercambio de bases de datos sobre marcas, códigos verificables, fiscalización selectiva de bodegas y colaboración con plataformas digitales.
El cuarto es sanitario. Debe existir tolerancia prácticamente cero frente a medicamentos, suplementos, alimentos, cosméticos, autopartes de seguridad y componentes eléctricos falsificados, porque en esos casos el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte en una amenaza directa para la salud y la seguridad de las personas.
Existe una quinta pieza que ningún gobierno debería ignorar: formalizar debe resultar más atractivo que permanecer al margen de la formalidad.
Simplificar permisos, ofrecer capacitación fiscal, facilitar el acceso a medios electrónicos de pago, promover el microcrédito, impulsar las compras colectivas y habilitar canales legales de importación para pequeños comerciantes puede resultar mucho más eficaz que una política basada exclusivamente en multas y decomisos.
La paradoja fronteriza
Ciudad Juárez genera más de 64 mil millones de pesos anuales en recaudación aduanera, mientras una parte de su economía cotidiana continúa recurriendo a mercancías que circulan fuera de los circuitos plenamente formales.
Esa contradicción resume el desafío.
No se trata de declarar una guerra al comercio popular ni de proteger artificialmente a las grandes marcas. Se trata de algo mucho más importante: construir un mercado en el que quienes cumplen la ley no sean castigados con una desventaja competitiva y en el que las familias de bajos ingresos tampoco se vean obligadas a recurrir a productos ilegales ante la falta de alternativas accesibles.
La piratería no comienza en el puesto donde finalmente se vende la mercancía. Comienza mucho antes: en una cadena logística opaca, una aduana vulnerable, una plataforma sin controles suficientes, un distribuidor mayorista, una brecha de precios demasiado amplia y un consumidor cuyo salario debe rendir hasta el último peso.
Por eso, el objetivo de Juárez no debería ser simplemente decomisar más, sino hacer menos rentable la ilegalidad y más competitiva la legalidad.
Esa diferencia separa una política de operativos de una verdadera política de Estado.
