Por Guadalupe Parada Gasson<\/strong><\/p>\n\n\n\n La corrupci\u00f3n no solo representa dinero que cambia de manos ilegalmente; tambi\u00e9n constituye un impuesto clandestino para los ciudadanos, un obst\u00e1culo para la inversi\u00f3n, una distorsi\u00f3n de la democracia y un mecanismo que puede profundizar la desigualdad. En Ciudad Ju\u00e1rez, las investigaciones ciudadanas han puesto cifras a una parte del fen\u00f3meno: cientos de millones de pesos anuales en sobornos administrativos, mientras miles de millones de pesos en contrataciones p\u00fablicas requieren una vigilancia rigurosa.<\/p>\n\n\n\n En Ciudad Ju\u00e1rez existe una contradicci\u00f3n econ\u00f3mica y pol\u00edtica que merece una reflexi\u00f3n profunda. Mientras la ciudad reclama mayores inversiones en infraestructura, pavimentaci\u00f3n, seguridad, educaci\u00f3n y servicios p\u00fablicos, una parte de los recursos de las familias contin\u00faa siendo absorbida por pr\u00e1cticas de corrupci\u00f3n que operan al margen de la legalidad.<\/p>\n\n\n\n El problema no comienza necesariamente con un gran contrato gubernamental ni con el desv\u00edo millonario de recursos. Puede iniciar con una infracci\u00f3n de tr\u00e1nsito negociada, un tr\u00e1mite condicionado, una inspecci\u00f3n utilizada para exigir dinero o un permiso que solo avanza cuando aparece un pago indebido.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n puede manifestarse a una escala mucho mayor, mediante contratos direccionados, conflictos de inter\u00e9s, sobreprecios, adjudicaciones irregulares, simulaci\u00f3n de competencia o uso discrecional de los recursos p\u00fablicos. Ambas dimensiones son distintas, pero comparten una consecuencia: alteran qui\u00e9n paga, qui\u00e9n recibe los beneficios y qui\u00e9n termina asumiendo los costos del funcionamiento del gobierno.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n civil Plan Estrat\u00e9gico de Ju\u00e1rez estim\u00f3, en su Informe de Corrupci\u00f3n en Ju\u00e1rez 2024<\/em>, que los sobornos administrativos durante 2023 representaron aproximadamente 477 millones de pesos anuales, de acuerdo con su encuesta ciudadana y su metodolog\u00eda de estimaci\u00f3n. La cantidad equivale a un promedio de 39.75 millones de pesos mensuales y aproximadamente 1.31 millones diarios.<\/p>\n\n\n\n Costo estimado de la corrupci\u00f3n administrativa en Ju\u00e1rez:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Fuente: Plan Estrat\u00e9gico de Ju\u00e1rez, informe presentado en abril de 2024. La cifra mensual es un promedio aritm\u00e9tico de la estimaci\u00f3n anual correspondiente a 2023; no constituye una medici\u00f3n directa de 2026.<\/em><\/p>\n\n\n\n Esta precisi\u00f3n es indispensable: no ser\u00eda correcto afirmar que, en octubre de 2026, la corrupci\u00f3n le cuesta exactamente esa cantidad mensual a la ciudad. El dato corresponde al a\u00f1o estudiado y contempla \u00fanicamente determinadas formas de corrupci\u00f3n administrativa. No mide de manera integral el posible desv\u00edo de recursos, el fraude en contrataciones, la p\u00e9rdida de inversi\u00f3n ni todos los costos indirectos.<\/p>\n\n\n\n Por tanto, la cifra no representa la totalidad de la corrupci\u00f3n, sino una parte cuantificable de un problema econ\u00f3mico mucho m\u00e1s amplio.<\/p>\n\n\n\n El problema no puede analizarse \u00fanicamente a partir de estimaciones municipales de a\u00f1os anteriores. Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, publicados por el INEGI en mayo de 2026, indican que la corrupci\u00f3n contin\u00faa siendo un problema relevante en Chihuahua.<\/p>\n\n\n\n Entre los principales indicadores reportados para la poblaci\u00f3n adulta en \u00e1reas urbanas destacan los siguientes:<\/p>\n\n\n\n Fuente: INEGI, ENCIG 2025. Las cifras corresponden al \u00e1mbito estatal urbano, no exclusivamente a Ciudad Ju\u00e1rez. Las tasas de v\u00edctimas y actos son indicadores diferentes.<\/em><\/p>\n\n\n\n La prevalencia estatal pas\u00f3 de 21,891 v\u00edctimas por cada 100,000 habitantes en 2023 a 18,420 en 2025. Sin embargo, el INEGI no identifica ese cambio como estad\u00edsticamente significativo para Chihuahua. Por ello, ser\u00eda incorrecto afirmar que existe una disminuci\u00f3n comprobada de la corrupci\u00f3n bas\u00e1ndose \u00fanicamente en esas dos estimaciones.<\/p>\n\n\n\n Hay otros indicadores que merecen atenci\u00f3n. En Chihuahua, el 58.3% de los adultos encuestados identific\u00f3 la corrupci\u00f3n entre los problemas m\u00e1s importantes de la entidad; asimismo, el 87.3% consider\u00f3 frecuente o muy frecuente la corrupci\u00f3n entre los polic\u00edas, mientras que el 80.6% manifest\u00f3 esa percepci\u00f3n respecto de los partidos pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n Se trata de mediciones de percepci\u00f3n, no de pruebas individuales de responsabilidad. No obstante, el mensaje econ\u00f3mico es evidente: cuando una proporci\u00f3n considerable de la ciudadan\u00eda desconf\u00eda de las instituciones encargadas de regular, proteger y administrar los recursos, tambi\u00e9n se deteriora la credibilidad de las reglas bajo las cuales opera la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n La corrupci\u00f3n administrativa es apenas una dimensi\u00f3n del problema; la otra se relaciona con el ejercicio del presupuesto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n En una investigaci\u00f3n presentada en 2024, Plan Estrat\u00e9gico de Ju\u00e1rez examin\u00f3 las contrataciones del Gobierno municipal realizadas entre octubre de 2021 y diciembre de 2023. Durante ese periodo identific\u00f3 1,372 contratos por un monto conjunto aproximado de 7,125 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n De esa cantidad, 5,401 millones de pesos, equivalentes al 76%, presentaban indicadores de riesgo de corrupci\u00f3n, de acuerdo con la metodolog\u00eda utilizada por la organizaci\u00f3n. Entre los riesgos considerados se encontraban el posible favoritismo, el fraccionamiento de contratos, los sobrecostos, los plazos reducidos y las posibles irregularidades en la competencia.<\/p>\n\n\n\n Este dato exige una distinci\u00f3n fundamental: identificar riesgos en contrataciones por 5,401 millones de pesos no significa que esa cantidad haya sido robada, desviada o adjudicada ilegalmente. Las irregularidades deben verificarse mediante auditor\u00edas, investigaciones y procedimientos que garanticen el derecho de defensa.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, tampoco ser\u00eda razonable ignorar una exposici\u00f3n de esa magnitud.<\/p>\n\n\n\n Desde una perspectiva econ\u00f3mica, el riesgo m\u00e1s profundo consiste en que el dinero p\u00fablico deje de asignarse conforme a criterios de calidad, precio, necesidad y beneficio social, para responder a relaciones de influencia. En un proceso competitivo, una empresa gana porque ofrece mejores condiciones; en uno condicionado por intereses particulares, puede ganar porque mantiene una relaci\u00f3n privilegiada con quien toma las decisiones.<\/p>\n\n\n\n En el primer escenario, el Estado compra valor p\u00fablico; en el segundo, existe el riesgo de que el presupuesto termine financiando lealtades o privilegios.<\/p>\n\n\n\n El contraste adquiere una dimensi\u00f3n particular frente al presupuesto municipal de 2026, aprobado por aproximadamente 10,797.7 millones de pesos. Como referencia de escala, los 477 millones estimados en sobornos durante 2023 equivalen aritm\u00e9ticamente al 4.4% del presupuesto autorizado para 2026.<\/p>\n\n\n\n Esta comparaci\u00f3n no significa que el Municipio haya perdido el 4.4% de su presupuesto, pues se trata de a\u00f1os y conceptos diferentes. Su prop\u00f3sito es \u00fanicamente visualizar la magnitud econ\u00f3mica del fen\u00f3meno.<\/p>\n\n\n\n La evidencia permite distinguir entre las pr\u00e1cticas mejor documentadas mediante encuestas y otras modalidades que requieren investigaciones administrativas, financieras o penales.<\/p>\n\n\n\n En Ciudad Ju\u00e1rez, el estudio local correspondiente a 2023 encontr\u00f3 que el 52.9% de las personas encuestadas que reportaron haber sido detenidas por agentes de Seguridad Vial reconoci\u00f3 haber pagado un soborno. Entre quienes reportaron detenciones por la Polic\u00eda Municipal, la proporci\u00f3n fue del 39%. En cuanto a los tr\u00e1mites municipales, el 1.7% de las personas reconoci\u00f3 haber sobornado a alg\u00fan funcionario.<\/p>\n\n\n\n Estos porcentajes corresponden a universos distintos; no significan que la mitad de todos los automovilistas o habitantes de Ju\u00e1rez pague sobornos.<\/p>\n\n\n\n A escala nacional, la ENCIG 2025 encontr\u00f3 que el contacto con autoridades de seguridad p\u00fablica registr\u00f3 la mayor proporci\u00f3n de experiencias de corrupci\u00f3n entre las categor\u00edas estudiadas, con un 63.5%. Le siguieron los permisos relacionados con la propiedad, con un 32%. Estos resultados permiten identificar \u00e1reas especialmente sensibles para la vigilancia gubernamental.<\/p>\n\n\n\n Corrupci\u00f3n vial y policial.<\/strong> Comprende la solicitud o aceptaci\u00f3n de pagos ilegales para evitar procedimientos, modificar actuaciones o conceder beneficios indebidos. Afecta las finanzas familiares, la percepci\u00f3n de seguridad y la credibilidad de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Corrupci\u00f3n administrativa.<\/strong> Se presenta cuando se condiciona o acelera indebidamente un tr\u00e1mite, una inspecci\u00f3n, una autorizaci\u00f3n o un servicio a cambio de dinero o favores. Puede afectar a comerciantes, trabajadores independientes, constructores y propietarios.<\/p>\n\n\n\n Corrupci\u00f3n en adquisiciones y obra p\u00fablica.<\/strong> Sus posibles modalidades incluyen sobreprecios, simulaci\u00f3n de competencia, contrataci\u00f3n indebida y conflictos de inter\u00e9s. Cada conducta debe investigarse de manera individual, sin confundir se\u00f1ales de alerta con delitos probados.<\/p>\n\n\n\n Corrupci\u00f3n pol\u00edtica.<\/strong> Puede involucrar el aprovechamiento indebido de programas, cargos, contratos o bienes p\u00fablicos para obtener ventajas personales, favorecer a determinados grupos o financiar ilegalmente intereses pol\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n Conviene establecer una distinci\u00f3n de responsabilidad: no toda adjudicaci\u00f3n directa es ilegal, no toda demora administrativa implica corrupci\u00f3n y no todo funcionario se\u00f1alado es culpable. La diferencia la determinan las pruebas, el marco normativo y los procedimientos de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La econom\u00eda pol\u00edtica de la corrupci\u00f3n obliga a seguir el flujo de los recursos, no solamente a identificar al funcionario que solicita un soborno.<\/p>\n\n\n\n En los casos de corrupci\u00f3n de peque\u00f1a escala, el dinero puede terminar directamente en manos de quien exige o acepta el pago indebido; en otros, pueden intervenir intermediarios. Cuando la corrupci\u00f3n se relaciona con compras p\u00fablicas, el beneficio irregular puede materializarse mediante m\u00e1rgenes artificialmente elevados, pagos por servicios no realizados, uso privado de recursos p\u00fablicos o transferencias a terceros.<\/p>\n\n\n\n Si existen redes de corrupci\u00f3n, las ganancias pueden distribuirse entre actores p\u00fablicos y privados. Sin embargo, determinar qui\u00e9nes son los beneficiarios, cu\u00e1les son las cuentas involucradas, qu\u00e9 empresas participan o qui\u00e9nes reciben finalmente los recursos requiere pruebas financieras. Esos elementos no pueden deducirse \u00fanicamente del monto contratado.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n es indispensable distinguir entre el dinero de una mordida y el dinero sustra\u00eddo de la Tesorer\u00eda Municipal. No son conceptos equivalentes.<\/p>\n\n\n\n Un soborno puede representar una transferencia ilegal del bolsillo de una persona hacia un particular. En cambio, un desv\u00edo presupuestario implica utilizar recursos p\u00fablicos fuera de su finalidad legal. Cuando una multa procedente se sustituye por una mordida, tambi\u00e9n puede dejar de percibirse un ingreso p\u00fablico, aunque ambos montos no necesariamente coincidan.<\/p>\n\n\n\n Por ello, para determinar el costo real de la corrupci\u00f3n en Ju\u00e1rez ser\u00eda necesario separar cuatro dimensiones: los pagos ilegales realizados por los ciudadanos, las p\u00e9rdidas efectivas de ingresos p\u00fablicos, los recursos desviados o pagados indebidamente y los costos econ\u00f3micos indirectos.<\/p>\n\n\n\n Confundirlas puede producir cifras espectaculares, pero imprecisas.<\/p>\n\n\n\n Los da\u00f1os de la corrupci\u00f3n pueden extenderse mucho m\u00e1s all\u00e1 del monto entregado ilegalmente.<\/p>\n\n\n\n Pensemos en una peque\u00f1a empresa juarense que necesita ampliar sus instalaciones, obtener un permiso o participar en una contrataci\u00f3n. En un sistema confiable, los costos y requisitos son conocidos, lo que permite al empresario presupuestar, contratar trabajadores y calcular su inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En un sistema vulnerable a decisiones discrecionales aparece una variable adicional: la incertidumbre. Esta puede traducirse en retrasos, gastos legales, pagos informales, oportunidades perdidas y mayores costos operativos.<\/p>\n\n\n\n Los inversionistas no solamente consideran cu\u00e1nto cuesta construir una nave industrial; tambi\u00e9n eval\u00faan si los contratos se cumplen, si las autorizaciones se resuelven conforme a reglas claras y si las autoridades act\u00faan de manera previsible.<\/p>\n\n\n\n Esto tiene especial relevancia para Ciudad Ju\u00e1rez por su actividad industrial, sus cadenas de suministro, su comercio fronterizo y su relaci\u00f3n econ\u00f3mica con Estados Unidos. El impacto potencial alcanza a la manufactura, el comercio, los servicios, el transporte, la construcci\u00f3n y los peque\u00f1os negocios familiares.<\/p>\n\n\n\n Una empresa que se niega a pagar un soborno puede quedar en desventaja frente a otra que acepta una relaci\u00f3n irregular. Cuando eso ocurre, la competencia deja de premiar necesariamente a quien produce mejor y comienza a favorecer a quien dispone de acceso privilegiado. El resultado puede ser una asignaci\u00f3n ineficiente del capital y una reducci\u00f3n de la productividad.<\/p>\n\n\n\n En t\u00e9rminos distributivos, una misma cantidad de dinero no afecta de igual manera a todas las personas.<\/p>\n\n\n\n Una familia con ingresos elevados puede absorber con mayor facilidad un gasto extraordinario; una que vive al d\u00eda, en cambio, puede verse obligada a sacrificar alimentaci\u00f3n, transporte, medicamentos o educaci\u00f3n. Por ello, aunque el perjuicio absoluto puede ser mayor en determinados contratos p\u00fablicos, el impacto relativo de una mordida puede resultar especialmente severo para los hogares de menores ingresos.<\/p>\n\n\n\n En Ciudad Ju\u00e1rez, la dimensi\u00f3n territorial tambi\u00e9n merece atenci\u00f3n. En sectores con carencias de infraestructura, transporte, equipamiento urbano y servicios p\u00fablicos, como diversas colonias del suroriente y del poniente, cualquier falla adicional en la asignaci\u00f3n eficiente de recursos puede profundizar las desventajas existentes.<\/p>\n\n\n\n No ser\u00eda correcto afirmar que todos esos rezagos son consecuencia de la corrupci\u00f3n. Tambi\u00e9n intervienen el crecimiento urbano, la planeaci\u00f3n insuficiente, la disponibilidad de recursos y las decisiones hist\u00f3ricas de inversi\u00f3n. Sin embargo, cuando se comprueban sobrecostos, una mala ejecuci\u00f3n o desv\u00edos, las comunidades con menos alternativas privadas pueden resentir con mayor intensidad el deterioro de los servicios.<\/p>\n\n\n\n En educaci\u00f3n, un recurso mal aplicado puede traducirse en mantenimiento pendiente, equipamiento insuficiente o retrasos en infraestructura. En salud, puede significar abastecimiento deficiente, instalaciones inadecuadas o servicios contratados sin resultados verificables. En movilidad, puede expresarse en obras de baja durabilidad, se\u00f1alizaci\u00f3n deficiente y mayores gastos de reparaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En seguridad, las pr\u00e1cticas ilegales dentro de las instituciones deterioran la relaci\u00f3n entre la ciudadan\u00eda y las autoridades; en materia ambiental, la aplicaci\u00f3n irregular de las normas puede favorecer riesgos sanitarios, deterioro urbano y afectaciones que terminan pagando los habitantes.<\/p>\n\n\n\n Estas son v\u00edas posibles de impacto econ\u00f3mico y social, no acusaciones de irregularidades espec\u00edficas en cada sector.<\/p>\n\n\n\n Hay una consecuencia que dif\u00edcilmente aparece en los presupuestos: el desgaste de la confianza.<\/p>\n\n\n\n La persona que considera necesario pagar para obtener un servicio al que tiene derecho puede experimentar impotencia, frustraci\u00f3n y temor frente a la autoridad. El comerciante que observa ventajas indebidas para otros puede perder confianza en la competencia, mientras que la familia que denuncia una irregularidad y no recibe informaci\u00f3n sobre el resultado de su denuncia puede concluir que participar no produce cambios.<\/p>\n\n\n\n Ese deterioro afecta al tejido social. El problema no consiste \u00fanicamente en que exista una conducta irregular, sino en que su repetici\u00f3n puede modificar las expectativas colectivas.<\/p>\n\n\n\n Cuando una comunidad comienza a considerar inevitable la corrupci\u00f3n, disminuye el incentivo para exigir procedimientos transparentes y aumenta la tolerancia hacia las soluciones informales. A largo plazo, el riesgo es que el cumplimiento de la ley deje de percibirse como una garant\u00eda de igualdad y se convierta, en la pr\u00e1ctica, en una desventaja.<\/p>\n\n\n\n Reducir el fen\u00f3meno a una supuesta falta individual de valores resulta insuficiente.<\/p>\n\n\n\n Desde la econom\u00eda institucional, la corrupci\u00f3n puede analizarse a partir de tres condiciones: la posibilidad de obtener un beneficio ilegal, la capacidad de actuar con discrecionalidad y la expectativa reducida de ser descubierto y sancionado. Cuando una autoridad concentra decisiones, los procedimientos son opacos y las sanciones se perciben como improbables, aumentan los incentivos para aprovechar indebidamente el cargo.<\/p>\n\n\n\n Del lado de los ciudadanos y las empresas tambi\u00e9n pueden existir motivaciones diferentes: evitar una sanci\u00f3n, acelerar un procedimiento, conseguir una ventaja comercial o resolver una urgencia generada por la burocracia.<\/p>\n\n\n\n No todas las personas participan en las mismas condiciones. Algunas ofrecen ventajas ilegales de manera voluntaria; otras pueden enfrentar exigencias coercitivas. En ambos casos, el dise\u00f1o institucional importa.<\/p>\n\n\n\n La propia ENCIG 2025 report\u00f3 que en Chihuahua se presentaron problemas en el 43.8% de los pagos, tr\u00e1mites y solicitudes de servicios p\u00fablicos estudiados. Entre los tr\u00e1mites que presentaron problemas, las barreras administrativas fueron la categor\u00eda m\u00e1s frecuente.<\/p>\n\n\n\n Una fila larga no demuestra corrupci\u00f3n, como tampoco lo hace un requisito excesivo por s\u00ed solo. Sin embargo, la complejidad innecesaria puede crear oportunidades para que aparezcan intermediarios o pagos destinados a evadir obst\u00e1culos.<\/p>\n\n\n\n Por eso, combatir la corrupci\u00f3n exige algo m\u00e1s que campa\u00f1as de honestidad: requiere simplificar procedimientos, reducir decisiones arbitrarias, registrar cada autorizaci\u00f3n y sancionar las conductas que se demuestren.<\/p>\n\n\n\n La corrupci\u00f3n tambi\u00e9n altera el funcionamiento de la democracia.<\/p>\n\n\n\n En un modelo de gobierno sujeto a rendici\u00f3n de cuentas, las prioridades presupuestarias se justifican mediante necesidades p\u00fablicas y resultados medibles. Cuando existen conflictos de inter\u00e9s o mecanismos ilegales de captura institucional, las decisiones pueden favorecer a grupos determinados, desplazar necesidades ciudadanas y debilitar los controles democr\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n Este riesgo no pertenece exclusivamente a un partido, una administraci\u00f3n o un nivel de gobierno; puede presentarse donde existan recursos, autoridad y controles insuficientes.<\/p>\n\n\n\n En Ju\u00e1rez existe, adem\u00e1s, un problema relacionado con el conocimiento ciudadano sobre sus representantes. El Informe Ciudadano 2025<\/em> de Plan Estrat\u00e9gico de Ju\u00e1rez se\u00f1al\u00f3 que solamente el 9% de las personas encuestadas identificaba a la s\u00edndica municipal y apenas el 1% pod\u00eda mencionar el nombre de alguna persona integrante del cuerpo de regidores.<\/p>\n\n\n\n Ese desconocimiento no demuestra corrupci\u00f3n, pero plantea una dificultad para la vigilancia democr\u00e1tica: resulta m\u00e1s complejo exigir responsabilidades cuando se desconoce qui\u00e9n autoriza, qui\u00e9n supervisa y qui\u00e9n debe explicar una decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La fortaleza de una administraci\u00f3n no puede evaluarse \u00fanicamente por el volumen de su presupuesto, la cantidad de obras anunciadas o el n\u00famero de programas creados. Tambi\u00e9n debe medirse por la calidad de sus controles, el grado de competencia en las contrataciones, la publicaci\u00f3n de resultados y su disposici\u00f3n a corregir irregularidades.<\/p>\n\n\n\n M\u00e9xico y Chihuahua cuentan con disposiciones que permiten investigar y sancionar faltas administrativas y delitos relacionados con actos de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 134 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de los Estados Unidos Mexicanos establece principios de eficiencia, eficacia, econom\u00eda, transparencia y honradez para la administraci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos. Por su parte, el art\u00edculo 109 constitucional desarrolla el r\u00e9gimen de responsabilidades de los servidores p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n La Ley General de Responsabilidades Administrativas<\/strong> contempla conductas como cohecho, peculado, desv\u00edo de recursos p\u00fablicos, utilizaci\u00f3n indebida de informaci\u00f3n, abuso de funciones y contrataci\u00f3n indebida. Determinadas conductas tambi\u00e9n pueden generar responsabilidad para particulares.<\/p>\n\n\n\n En Chihuahua se aplican, seg\u00fan la naturaleza del caso, el C\u00f3digo Penal del Estado, la Ley del Sistema Anticorrupci\u00f3n estatal, la legislaci\u00f3n de fiscalizaci\u00f3n superior, las normas de transparencia y las leyes relativas a adquisiciones y obra p\u00fablica. En esta \u00faltima materia destaca la Ley de Obras P\u00fablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, reformada en enero de 2026.<\/p>\n\n\n\n El sistema de vigilancia involucra a distintos \u00f3rganos con funciones diferenciadas, entre ellos la Contralor\u00eda Municipal, la Sindicatura, la Auditor\u00eda Superior del Estado, los \u00f3rganos internos de control, la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.<\/p>\n\n\n\n La responsabilidad administrativa puede dar lugar a sanciones econ\u00f3micas, suspensi\u00f3n, destituci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n. Cuando se acredita un delito, pueden existir consecuencias penales, incluida la prisi\u00f3n, seg\u00fan el tipo penal aplicable.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el verdadero desaf\u00edo no consiste solamente en disponer de legislaci\u00f3n, sino en transformar una denuncia en una investigaci\u00f3n rigurosa, una investigaci\u00f3n en una resoluci\u00f3n fundada y, cuando corresponda, una resoluci\u00f3n en sanci\u00f3n y reparaci\u00f3n del da\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n La experiencia institucional y los indicadores disponibles permiten plantear una agenda concreta para Ciudad Ju\u00e1rez.<\/p>\n\n\n\n Primero: transparentar completamente las contrataciones.<\/strong> Cada procedimiento deber\u00eda permitir consultar convocatorias, participantes, evaluaciones, contratos, modificaciones, pagos, avances y entregables. La ciudadan\u00eda necesita conocer no solamente cu\u00e1nto cost\u00f3 una obra, sino qui\u00e9n la ejecut\u00f3 y qu\u00e9 resultados entreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Segundo: establecer alertas autom\u00e1ticas de riesgo.<\/strong> La contrataci\u00f3n recurrente con un mismo proveedor, la fragmentaci\u00f3n de compras, los cambios injustificados de precios y los concursos con poca participaci\u00f3n deber\u00edan activar revisiones documentadas. Una alerta no debe convertirse autom\u00e1ticamente en una acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tercero: digitalizar y simplificar los tr\u00e1mites.<\/strong> Los permisos, las licencias, los pagos y las solicitudes deben contar con requisitos p\u00fablicos, plazos verificables, expedientes electr\u00f3nicos y mecanismos de apelaci\u00f3n. Reducir la discrecionalidad disminuye las oportunidades de cobros informales.<\/p>\n\n\n\n Cuarto: fortalecer los controles de seguridad vial.<\/strong> La supervisi\u00f3n de actuaciones, la trazabilidad de las infracciones, los pagos exclusivamente por medios oficiales y los canales de queja independientes pueden reducir las oportunidades de negociaci\u00f3n ilegal.<\/p>\n\n\n\n Quinto: proteger a quienes denuncian.<\/strong> Deben existir mecanismos seguros y confidenciales para ciudadanos, empleados p\u00fablicos y proveedores, as\u00ed como procedimientos que eviten represalias y permitan conocer los avances de las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n Sexto: medir los resultados en t\u00e9rminos de recuperaci\u00f3n y prevenci\u00f3n.<\/strong> No basta con informar cu\u00e1ntas auditor\u00edas se realizaron. Es necesario publicar los montos observados, las cantidades efectivamente recuperadas, las sanciones firmes, las reincidencias y los cambios administrativos aplicados.<\/p>\n\n\n\n S\u00e9ptimo: crear una medici\u00f3n peri\u00f3dica espec\u00edfica para Ju\u00e1rez.<\/strong> Un observatorio t\u00e9cnico, con participaci\u00f3n acad\u00e9mica y ciudadana, podr\u00eda estudiar los sobornos, los costos de los tr\u00e1mites, los riesgos en las contrataciones y las p\u00e9rdidas patrimoniales comprobadas. Sus metodolog\u00edas tendr\u00edan que ser p\u00fablicas y comparables entre a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Estas medidas deben acompa\u00f1arse de garant\u00edas de debido proceso, controles independientes y evaluaciones peri\u00f3dicas, para evitar que los mecanismos anticorrupci\u00f3n se conviertan en instrumentos de presi\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n Desde una visi\u00f3n de Estado, el costo de la corrupci\u00f3n no se resuelve exclusivamente con discursos ni con nuevas estructuras burocr\u00e1ticas. Requiere instituciones que funcionen incluso cuando cambian sus titulares, presupuestos sometidos al escrutinio p\u00fablico y ciudadanos con acceso efectivo a la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n implica reconocer que la corrupci\u00f3n puede involucrar tanto a servidores p\u00fablicos como a particulares que ofrecen beneficios ilegales o participan deliberadamente en esquemas indebidos.<\/p>\n\n\n\n La responsabilidad principal del Estado consiste en dise\u00f1ar procedimientos que protejan el inter\u00e9s p\u00fablico, investigar sin discriminaci\u00f3n y aplicar las sanciones correspondientes. La participaci\u00f3n ciudadana, por su parte, fortalece la prevenci\u00f3n y la exigencia de resultados.<\/p>\n\n\n\n La pregunta para las autoridades es concreta: \u00bfqu\u00e9 proporci\u00f3n del gasto p\u00fablico puede seguirse desde su autorizaci\u00f3n hasta la entrega verificable del beneficio que lo justific\u00f3?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Y la pregunta para la sociedad es igualmente relevante: \u00bfqu\u00e9 mecanismos de vigilancia estamos dispuestos a utilizar de manera permanente, m\u00e1s all\u00e1 de los periodos electorales?<\/strong><\/p>\n\n\n\n La riqueza de una ciudad tambi\u00e9n se mide por lo que logra proteger. Ciudad Ju\u00e1rez cuenta con una importante capacidad productiva, una posici\u00f3n fronteriza estrat\u00e9gica y una sociedad que sostiene buena parte de su dinamismo mediante el trabajo industrial, comercial y de servicios.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la capacidad de generar riqueza no garantiza, por s\u00ed sola, que sus beneficios se distribuyan eficazmente ni que los recursos p\u00fablicos cumplan su finalidad.<\/p>\n\n\n\n Los 477 millones de pesos estimados en sobornos administrativos durante 2023 representan una se\u00f1al econ\u00f3mica importante. Los 5,401 millones de pesos en contrataciones con indicadores de riesgo, analizados para el periodo comprendido entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, muestran la necesidad de una supervisi\u00f3n financiera rigurosa. A su vez, las cifras estatales del INEGI correspondientes a 2025 confirman que la corrupci\u00f3n contin\u00faa siendo una preocupaci\u00f3n institucional y social.<\/p>\n\n\n\n Ninguno de estos indicadores, por separado, permite calcular el costo total actual de la corrupci\u00f3n en Ju\u00e1rez. En conjunto, sin embargo, justifican una agenda seria de medici\u00f3n, prevenci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y rendici\u00f3n de cuentas.<\/p>\n\n\n\n Una pol\u00edtica anticorrupci\u00f3n debe proteger tanto el dinero de los contribuyentes como la igualdad de oportunidades para las empresas y el derecho de las familias a recibir servicios p\u00fablicos eficaces.<\/p>\n\n\n\n Porque cada peso que se desv\u00eda ilegalmente, cada contrato que se manipula y cada derecho condicionado a un pago indebido genera costos que pueden persistir mucho despu\u00e9s de que concluya una administraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El desaf\u00edo para Ciudad Ju\u00e1rez no consiste solamente en identificar cu\u00e1nto dinero se mueve alrededor de la corrupci\u00f3n, sino en determinar cu\u00e1nto da\u00f1o puede demostrarse, qui\u00e9n obtuvo los beneficios ilegales, qu\u00e9 recursos pueden recuperarse y qu\u00e9 controles deben modificarse para evitar que vuelva a ocurrir.<\/p>\n\n\n\n La rendici\u00f3n de cuentas adquiere verdadero valor cuando deja de depender de la voluntad de quienes gobiernan y se convierte en una obligaci\u00f3n institucional que puede comprobarse.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Millones que desaparecen, derechos que se pierden y un sistema que permite que el problema persista Por Guadalupe Parada Gasson La corrupci\u00f3n no solo representa dinero que cambia de manos ilegalmente; tambi\u00e9n constituye un impuesto clandestino para los ciudadanos, un obst\u00e1culo para la inversi\u00f3n, una distorsi\u00f3n de la democracia y un mecanismo que puede profundizar […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":430,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\tLa corrupci\u00f3n tiene un precio y Ju\u00e1rez ya lo est\u00e1 pagando<\/h2>\n\n\n\n
Un dato local permite dimensionar el problema<\/h2>\n\n\n\n
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Chihuahua, por encima del promedio nacional: lo que revelan las cifras de 2025<\/h2>\n\n\n\n
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El gran riesgo: 5,401 millones de pesos en contrataciones bajo observaci\u00f3n ciudadana<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les son las pr\u00e1cticas de corrupci\u00f3n m\u00e1s comunes?<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfHacia d\u00f3nde va el dinero de la corrupci\u00f3n?<\/h2>\n\n\n\n
El costo econ\u00f3mico invisible: inversi\u00f3n, productividad y competencia<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfQui\u00e9n pierde m\u00e1s? El costo social de la corrupci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
El costo emocional: cuando la ciudadan\u00eda deja de confiar<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 motiva la corrupci\u00f3n y por qu\u00e9 persiste?<\/h2>\n\n\n\n
La dimensi\u00f3n pol\u00edtica: cuando el presupuesto se convierte en poder<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 leyes sancionan la corrupci\u00f3n en Ciudad Ju\u00e1rez?<\/h2>\n\n\n\n
Siete decisiones de pol\u00edtica p\u00fablica para reducir el costo de la corrupci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n
Una pregunta para el gobierno y otra para la sociedad<\/h2>\n\n\n\n